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Voto nulo: efectos jurídicos

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Por: José Antonio Crespo

Publicado en la columna Horizonte político de Excélsior

15 de junio de 2009

 

El miércoles, el ex consejero electoral del IFE, Mauricio Merino, escribió un artículo en el que comenta que el voto nulo cuenta para determinar si un partido alcanzó o no el umbral de 2% exigido por el Cofipe para poder preservar su registro (El Universal, 10/VI/09). A partir de lo cual, mientras más votos anulados, mayor la probabilidad de que los pequeños pierdan su registro (mientras más cercanos estén a 2%). Un día después, no sé si respondiendo a lo escrito por Merino, el consejero electoral Benito Nacif afirmaba que, por el contrario: “Los votos nulos simplemente se hacen a un lado (…) Los partidos pueden mantener su registro” (Excélsior, 11/VI/09). El viernes, Leo Zuckermann corrige a Nacif a partir de lo expresado por Merino (Excélsior, 12/VI/09). Jesús Cantú, también ex consejero del IFE, ratifica la posición expresada por Merino (Proceso, 15/VI/09).

 

Extraña disyuntiva: ¿a quién creerle, a los ex consjeros Merino y Cantú o al consejero Nacif? Conozco a los tres desde hace años y guardo por ellos amistad y respeto profesional. Pero ese no debe ser el criterio para definir a quién daba creérsele. Mejor revisar lo que estipula la normatividad. El artículo 32 del Cofipe señala: “Al partido político que no obtenga por lo menos 2% de la votación en alguna de las elecciones federales… le será cancelado el registro”. ¿Cuál votación? ¿La emitida, la válida, la efectiva? El artículo 32 lo aclara en un párrafo posterior: se trata de “la votación emitida en alguna de las elecciones federales”. Es decir, si un partido no obtiene 2% de la votación emitida en esta elección, perdería el registro. Queda por precisar cómo se determina la votación emitida, ¿incluye los votos nulos y los emitidos por candidatos sin registro o se excluyen y quedan sólo los destinados a un partido político o coalición? El artículo 12-1 define la votación total emitida como “la suma de todos los votos depositados en las urnas”. Es decir, los votos emitidos por un partido, por un candidato no registrado y los nulos. Pero también incluye otra definición, denominada votación nacional emitida, definida como “la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido 2% y los votos nulos”. Viene entonces una gran duda. El artículo 32 habla de votación emitida, pero no define si es total (con votos nulos) o nacional (sin votos nulos). También así lo hace al artículo 101, relativo a la pérdida de registro de los partidos. Eso hace la mar de diferencia con respecto al efecto del voto nulo: una definición del voto emitido (nacional) no afectaría la composición de la Cámara baja, pero la otra definición del voto emitido (total) sí lo haría, con potencial de eliminar uno o más partidos que, dependiendo del número de votos nulos, no lograran preservar su registro. ¿A cuál de las dos definiciones se refieren los artículos 32 y 101, ya que sólo hablan de votación emitida, sin especificar si total o nacional?

 

El TEPJF ha despejado esa duda en una de sus tesis relevantes, aprobada por unanimidad. La define como “el total de votos depositados en las urnas sin deducir los votos declarados nulos y, por tanto, se confirma la convicción de que dichos votos se constituyen parte integrante de la votación total emitida, toda vez que, de no ser así, el legislador hubiere plasmado como condición (para preservar el registro) el que se alcanzara por lo menos 2% de la votación válida y no de la emitida” (Votación emitida: concepto. Sup-Jrc-062/97). Es decir, para calcular el 2% que exige la ley para preservar o perder el registro de los partidos la votación emitida incluye los votos nulos, según el Tribunal. De lo que se infiere que, como asegura Merino, a mayor número de votos nulos, menor la probabilidad de los partidos emergentes de preservar su registro. Así pues, de acuerdo con esta tesis del Tribunal, el voto nulo —dependiendo de su magnitud— sí podría tener un efecto importante sobre la composición de la Cámara baja (el número de partidos que la conforman), aunque no en la distribución de curules de los que sí hayan preservado o alcanzado su registro. Es decir, todo lo que se ha dicho en este debate sobre la futilidad y carácter fantasmagórico del voto nulo habría perdido su fundamento y veracidad. Tendría, pues, repercusión sobre la composición de la Cámara baja, contrariamente a lo que se nos ha dicho hasta ahora.

 

Por otro lado, según el artículo 295 del Cofipe, en los distritos donde éste supere la diferencia entre primero y segundo lugares, todos los paquetes serán abiertos y sus votos recontados para dar mayor transparencia y certeza al resultado. Justo lo que no se hizo en la elección de 2006. De haber existido esta disposición en la pista presidencial de aquel año, en 25 de los 300 distritos se hubieran recontado todos los votos (lo que de cualquier manera no hubiera despejado las dudas sobre la elección presidencial, pues su resultado no se define a partir del número de distritos legislativos ganados, sino de la mayoría de votos en una sola circunscripción nacional). En suma, durante el debate sobre cómo puede usar el elector su voto en estos comicios, prevalecen dudas y confusión sobre lo que implicaría la anulación del sufragio. Por lo cual, el IFE debiera pronto despejar esa incógnita con toda precisión y veracidad —en particular el efecto del voto nulo sobre el registro de los partidos—, de acuerdo a lo establecido por la normatividad aplicable. De esa forma, el elector podrá valorar los efectos de cualquiera de las opciones que contempla la ley —y, por ende, legítimas e institucionales— antes de decidir por alguna de ellas, incluidas el voto nulo y la candidatura no registrada (que no son abstención, como pretenden los partidos políticos, hoy unidos en torno a la defensa de sus enormes intereses comunes).

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Written by albertoserdan

15 junio 2009 a 10:59

Publicado en General, Voto nulo

Una respuesta

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  1. Esteban Garaiz:Qué quieren los ciudadanos

    El artículo 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, podría ser, en lo jurídico, parte del problema y también parte de la solución de todo este lío que se ha armado, y que se sigue armando, con la manifiesta intención de un número creciente de ciudadanos que declaran a los encuestadores que anularán su voto este próximo primer domingo de julio.

    Por supuesto que no hay unanimidad ni liderazgo orgánico en esta marea, pero parece que podemos inducir algunas motivaciones compartidas que derivan de diagnósticos también compartidos.

    En el análisis de las percepciones generalizadas habría que incluir, al menos, tres grandes malestares. El primero es la percepción de muchos ciudadanos de que las maquinarias partidarias han entrado en una especie de endogamia, o de autismo, y se han desvinculado de las bases ciudadanas, que son su única razón de ser; y sólo se manejan entre ellas, como si ése fuera su único mundo.

    El otro gran malestar es por las carretadas de dinero, que solas se adjudican entre ellas, y se gastan alegremente en campañas, y entre campañas, siendo que es dinero nuestro, entre nosotros colectado.

    La tercera inconformidad es quizá la más grave. Los partidos importantes en tamaño, y también los de menor respaldo electoral, perdieron, en su gran mayoría, el motivo original de su fundación, de sus documentos básicos y de las bases que los apoyaban porque encontraban en ellos el canal de sus aspiraciones políticas y de su proyecto para la nación.

    Como dijo uno de los promotores, “unos perdieron la erre y el otro perdió la ene”. En diciembre de 1988, el PRI perdió lo poco que le quedaba del programa original de la Revolución Mexicana, plasmado en el texto constitucional: el 3º, el 27, el 123, el 130. Quiso la maquinaria incluso cambiar de nombre y, desde luego, cambió sus documentos básicos.

    El PAN, por su lado, fue tomado por asalto en 1976, cuando ni siquiera pudo lograr candidato presidencial en la Convención. La palabra “bochornoso” sigue impresa en La Nación, el periódico oficial del partido, para describir lo que ocurrió.

    Del PRD la memoria es más reciente. El Tribunal Electoral ratificó el triunfo a la corriente cuyo origen es aquel PST de Rafael Aguilar Talamantes, formado a raíz de la reforma de 1977 como la izquierda desde Bucareli. La colaboración gradualista desbancó al movimiento que tuvo 15 millones de adherentes y que pretende, y sigue pretendiendo, la renovación radical de todas las instituciones porque no queda ni una sola sana; y que quiere “primero los pobres” (como el Concilio Vaticano II).

    Habría que seguir, uno a uno, con los demás; pero no dan para tanto estos renglones. No es válido hablar de ciudadanos traidores a los partidos. Los partidos son vehículos, y son reemplazables. Los ciudadanos constituyen el pueblo soberano; y es muy peligroso bloquearles los cauces partidarios, bajo el riesgo de que todo explote.

    El artículo 12 del Cofipe dice que “para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución (la representación proporcional), se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en las urnas”. Lo que significa que los votos anulados se suman también como denominador de la división para calcular el porcentaje de cada partido, que perderá su registro si no logra el dos por ciento.

    Pero el citado artículo 12 sigue diciendo en el párrafo 2 que “en la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos que no hayan obtenido el dos por ciento y los votos nulos”.

    Dicho de otro modo: para el reparto de curules, una vez eliminados los partidos que pierdan el registro, también se restan los votos nulos en el denominador.

    ¿Qué quieren los ciudadanos? Que los votos nulos resten la proporción de los diputados de representación proporcional propuestos por las maquinarias partidarias. Así tendrían el verdadero tamaño de su respaldo en votos.

    Es más: las curules de representación proporcional deberían distribuirse a cada partido tomando como denominador en la división el total de los ciudadanos en la lista nominal: 77 millones 481 mil 874 electores para este 2009.

    Todavía más: las prerrogativas deberían calcularse con la lista nominal entera como denominador. Así nuestro dinero se gastaría en la proporción real de nuestro apoyo ciudadano a cada partido. Cada voto nulo sería dinero que pierden, por decisión ciudadana.

    egaraiz@gmail.com

    http://impreso.milenio.com/node/8588983
    Ex Presidente Consejero del IFE en Jalisco. Espero que se sumen muchos más.

    lastresyuncuarto

    16 junio 2009 at 8:06


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