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Por Rogelio Gómez Hermosillo *

En este año de recortes, el único presupuesto bien salvaguardado por ley es el presupuesto del financiamiento a los partidos políticos. Se recortará presupuesto de infraestructura, de gasto en salud y educación, en programas contra la pobreza. Esperemos que también se recorten el gasto oneroso e ineficiente y los privilegios. Lo que es seguro es que si no hacemos algo como ciudadanía, el presupuesto de 3 mil millones para los partidos quedará intocado.

Esta situación es inaceptable, es inmoral y además es ineficaz. Es ineficaz porque de acuerdo con datos difundidos por Jaime Sánchez Susarrey (Reforma, 29/VIII/09), mientras cada voto en México costó 224 pesos, en Brasil cuesta casi cuatro pesos, en Argentina poco más de cinco pesos, en Ecuador poco más de 14 pesos y en Colombia 25. Aun en los países con el voto “más caro”, el de México es casi el triple.

Es inmoral porque si toda la estructura presupuestal será afectada por la caída de los ingresos, no hay justificación alguna para mantener intocado el presupuesto de los partidos.

Es inaceptable porque diversos estudios demuestran que el incremento desmedido del dinero en los partidos no ha mejorado su profesionalismo y efectividad política. Por el contrario, ha contribuido a deteriorar la competencia democrática, ha trastornado la vida interna de los partidos y ha reducido su credibilidad, alentando una dinámica de escándalo recurrente.

Es inaceptable, porque ante la exigencia de reducción al financiamiento público después de la elección de 2006, la reforma electoral en 2007 se difundió como una reducción de recursos. En realidad fue un aumento y un blindaje constitucional al saqueo del erario por parte de los partidos.

En 2007, con un presupuesto previo a la reforma, los partidos recibieron 2 mil 704 millones de pesos. En 2008, después de la reforma, recibieron 2 mil 718 millones de pesos. Y en 2009 recibieron 3 mil 633 millones de pesos.

Además recibieron “en especie” millones de spots, con un valor aproximado de mil 500 millones, con lo cual los recursos públicos en 2009 equivalen a alrededor de 5 mil millones. Casi mil millones más que en la elección para presidente, senadores y diputados en 2006. No ha habido reducción.

El financiamiento público no debe eliminarse porque es un factor de equidad. Su primacía sobre el financiamiento privado, así como los topes al monto de aportación de cada individuo deben mantenerse. La prohibición de contratar espacio en medios electrónicos también debe mantenerse. Es un paso en el sentido correcto. La exigencia es la reducción real y significativa.

En este aspecto, la reforma de fondo puede ser sencilla. Basta cambiar la fórmula de cálculo. En la actualidad, en la Constitución quedó establecido que el financiamiento a los partidos se calcula multiplicando 65% del salario mínimo por el número total de electores inscritos en el padrón.

La nueva fórmula que debería aplicarse en este presupuesto podría ser que el financiamiento a los partidos se calcule multiplicando 65% del salario mínimo por el número total de votos válidos emitidos en la elección anterior.

Esta fórmula permitiría un ahorro sustantivo al reducir a mil 167 millones el financiamiento en 2010, con un ahorro de más de mil 700 millones respecto de la fórmula actual. Esta fórmula, además, genera incentivos para que los partidos políticos promuevan la participación y traten de convencer a la ciudadanía para reducir el abstencionismo.

La otra dimensión de las propuestas de los grupos ciudadanos es someter a los partidos a mayor transparencia y rendición de cuentas. Una reforma imprescindible es convertir a los partidos en sujetos obligados por la Ley de Transparencia. Otra propuesta posible es dar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para practicar auditorías regulares y especiales a los partidos.

Además de emitir discursos de austeridad y recortar un mínimo algunos de sus privilegios, ¿estarán los partidos dispuestos a reducir sus recursos en este momento de crisis? Seguramente no, por ello habrá que exigirles. Presionemos hasta que haya una reducción real y no simbólica. La crisis es oportunidad de reducir privilegios. Este es uno de los más lacerantes. Actuemos.

* Presidente de la organización Alianza Cívica

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Written by albertoserdan

29 septiembre 2009 a 10:58

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