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Archive for noviembre 2009

Se les prendió el foco

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Por Alberto Serdán Rosales

El Universal, 28 de noviembre de 2009

Las encuestas son claras: la ciudadanía piensa que es excesivo que los partidos políticos reciban ríos de dinero en medio de una de las crisis económicas más profundas. Al descontento siguieron la propuesta y la movilización de un sector importante de la sociedad. La buena noticia es que a un grupo plural de senadores y diputados se les prendió el foco y han presentado iniciativas que buscan corregir el rumbo.

En México, nueve de cada 10 ciudadanos consideran adecuado disminuir el dinero a los partidos políticos, según reportó EL UNIVERSAL (9/XI/09). Más aún, una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (12/XI/09) apuntó que 33.4% de la población cree que “la tarea más importante sobre la que deben trabajar los legisladores” es la reducción del financiamiento de los partidos por encima de “darle más recursos a la educación” (30.2%), “el combate a la pobreza” (29.6%) o “promover una reforma energética” (3.2%). El veredicto es claro: los partidos reciben más dinero del que se supone necesario.

En este contexto, la Asamblea Nacional Ciudadana, Alianza Cívica y Propuesta Cívica impulsaron la campaña ¡Ya Bájenle! con la participación de 27 mil 990 voluntarios que enviaron cartas a diputados para solicitar menos recursos a los partidos. Asimismo, se realizó la jornada del Foco Ciudadano, en la que más de 250 mujeres y hombres pedalearon en una bicicleta conectada a un foco que permaneció prendido durante 24 horas seguidas al pie del Ángel de la Independencia. A estas acciones se sumó una intensa campaña por medios alternativos como twitter y Facebook para difundir la idea.

El resultado es notable: desde el 18 de septiembre en que arrancó la campaña a la fecha se han presentado una serie de iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Además, a instancias de los diputados Jesús Ramírez del PAN y Vidal Llerenas del PRD, se agregó un artículo 21 transitorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, previendo que “una vez que se modifique el régimen de financiamiento” de los partidos, los recursos ahorrados se destinarían a gasto de inversión en infraestructura.

La Constitución establece en su artículo 41 que la bolsa a repartir se calcula multiplicando una proporción del salario mínimo del DF (65%) por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Ello garantiza un flujo constante y siempre creciente de dinero a los partidos. Por tanto, cualquier modificación debe pasar por una reforma constitucional. Ningún otro rubro del gasto tiene este privilegio.

Las aproximaciones han sido diversas. El PAN planteó en ambas cámaras (a través del diputado César Nava y del senador José González Morfín) un cambio en la fórmula que busca reducir de 65% a 35% la proporción del salario mínimo que se multiplica por el padrón electoral. Estas iniciativas también proponen aumentar el tope a los recursos privados que recibirían los partidos a través de sus simpatizantes, pasando del 10% actual a 30% propuesto respecto del total de gasto de los partidos.

Por su parte, el diputado Jaime Cárdenas del PT expuso una propuesta de Punto de Acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los partidos a disminuir voluntariamente su financiamiento y a asumir el compromiso de reformar la Constitución a fin de modificar la fórmula de cálculo, y que en lugar del padrón electoral “se tome en cuenta el número total de los votos recibidos por cada partido en la pasada elección”.

Sin embargo, la iniciativa más refinada proviene de un grupo plural de senadores de PAN, PRI, PRD, PT y PVEM, encabezados por el senador Tomás Torres, que busca derogar la disposición constitucional y reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de que sea el número total de votos válidos emitidos, y no el padrón electoral, lo que determine el dinero de los partidos.

Esta propuesta tiene el mayor mérito ya que dará más poder a los ciudadanos, pues modifica los incentivos para que los partidos busquen el voto: si quieren más dinero, tendrán que convencer a la ciudadanía de ello. Por su carácter plural y su pertinencia democrática, desde ¡Ya Bájenle! impulsaremos esta última iniciativa para que se apruebe en el pleno de ambas cámaras así como, por lo menos, en 17 congresos locales. El camino es largo y la movilización ciudadana continuará para que a más legisladores se les prenda el foco.

http://twitter.com/albertoserdan

Secretario técnico de Propuesta Cívica, AC, promotor de Esperanza Marchita

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28 noviembre 2009 at 18:34

Campaña “Ya bájenle” busca recursos de partidos sea en función votos: Propuesta Cívica. Con Ricardo Rocha

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Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de “Alianza Cívica”, precisó que la campaña “Ya bájenle” inicia con el financiamiento de los partidos políticos; toda vez que es inaceptable que en el Presupuesto 2010 se hayan aprobado 3 mil 012 millones de pesos para los mismos, cuando en el resto hubo recortes, “pero que con una reforma constitucional se pueden reducir”.

En entrevista con Ricardo Rocha, Andrés Lajous, integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana, detalló que dicha campaña está dirigida a la clase política encargada de tomar decisiones sin ser afectados, pero afectando a las demás personas.

En cuanto al costo de la democracia de México en relación a otros países, Alberto Serdán, integrante de Propuesta Cívica AC, reveló que un voto en el país cuesta en promedio 244 pesos; mientras que en Brasil o Argentina cuesta entre cuatro y cinco pesos.

A pregunta expresa de en qué se gastan el dinero tanto el IFE, quien solicitó 9 mil millones de pesos para el 2010 y los partidos políticos cuando no hay elecciones, Andrés Lajous dijo que los partidos pueden gastarlo como quieran y nadie les puede preguntar por qué; mientras que el Instituto tiene que justificar el gasto cotidiano.

Bajo este escenario, Alberto Serdán aseveró que “el botín” se trata de un asunto de voluntad política; por lo que se tiene que cambiar la forma en como funciona la democracia, la representación política y que los partidos realmente representen a la ciudadanía; asimismo, Andrés Lajous detalló que no es un tema sólo de dinero, sino político que está determinando la forma de organización política de la sociedad; ya que “los partidos que existen sólo existen de la manera que existen, porque son un cartel que pueden defenderse a partir de los recursos públicos que reciben”.

Rogelio Gómez Hermosillo reiteró que la campaña “Ya bájenle” es sobre dinero, “pero de fondo, es porque queremos una democracia que sí funcione, que represente a la ciudadanía”; además de que la bolsa de financiamiento que reciban los partidos sea en función de la votación emitida, acotó Alberto Serdán.

Rogelio Gómez Hermosillo aseguró que van por la reforma constitucional de reducción de financiamiento a los partidos políticos para el próximo mes de febrero “y si se logra, en ese mismo momento les cortamos el 57 por ciento de los recursos”.

Alberto Serdán reveló que según una encuesta, el 33 por ciento de las personas considera que la tarea más importante sobre la que deben trabajar los legisladores es la reducción del financiamiento, 30 por ciento combate a la pobreza y darle más recursos a la educación.

Cabe señalar, que Alianza Cívica y otras organizaciones promovieron la campaña “Ya bájenle” a través de algunos correos electrónicos, donde entre otras cosas explicaban a las personas interesadas en sumarse a la misma enviar correos a http://www.yabajenle.org.mx anotar algunos datos personales y enviar su adhesión.

Asimismo, el pasado 12 de noviembre, y durante 24 horas hombres y mujeres pedalearon una bicicleta para mantener encendido un foco y exigir que los partidos políticos reduzcan en 57% su presupuesto anual.

“Ya bájenle” presentó sus propuestas en una reunión que sostuvieron con integrantes de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

amd

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26 noviembre 2009 at 14:14

Iniciativa del senador Torres que recupera demandas de ¡Ya Bájenle!

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Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra legislación electoral contempla un sistema de financiamiento a los partidos políticos mixto, es decir que reciben tanto fondos públicos como privados para financiar sus campañas electorales y para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinario. La reforma de 1996 mantuvo el sistema de financiación mixto y propuso la fórmula que esta vigente hasta ahora: 90% de los recurso que reciben los partidos sale de las arcas públicas.

En este esquema, para las pasadas elecciones de julio, se destinaron 3 mil 730 millones de pesos a la operación y campaña de los partidos que participaron, casi la misma cantidad de dinero que se destinará en el 2010 para la formación básica (3 mil 954 millones) y mucho mayor de la destinada para la media superior (750 millones de pesos).

Las elecciones, todos los gastos comprendidos, costaron 12 880 millones de pesos para que 77 millones 815 electores registrados pudieran votar; de ellos votaron más de 34 millones, es decir que casi el 50% de los inscritos en el padrón electoral decidieron no salir a votar o anular su voto: el abstencionismo se ubicó en 43.74% mientras que el voto nulo llegó a 6.04%.

Estas cifras deberían de preocuparnos y de llamarnos a la reflexión: nuestra democracia electoral cuesta mucho dinero y atrae poco. En efecto, en una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos.

Ya se han levantado voces en la sociedad civil que exigen que los partidos gasten menos y que el presupuesto que se les asigna, que sale de los bolsillos de los mexicanos sea menor. Atendiendo a este llamado, nuestro compañero el Senador José González Morfín presentó una iniciativa para reformar la fórmula del financiamiento a los partidos políticos y una reducción del 50% del mismo. El Senador González Morfín propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un 70 por ciento de financiamiento público y un 30 por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.

Nos parece que reformar esa fórmula no va a contribuir más que a la opacidad del acceso de los partidos políticos al financiamiento y a abonar a la inequidad. Mientras no se cambien los mecanismos bajo los que se asigna el presupuesto público de los partidos políticos, estos seguirán la tendencia que los aleja cada vez más de la ciudadanía.

Lo que nos parece importante reformar, es el mecanismo con el que se otorgan los recursos públicos a los partidos políticos. Actualmente la cifra que se les destina se calcula en base en la cantidad de electores inscritos en el padrón electoral y lo que proponemos es que se calcule en base los votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida.

Este cambio tendrá consecuencias en dos sentidos. Primero, hará el padrón electoral más confiable, pues no habrá interés en mantenerlo inflado para elevar los recursos públicos de los partidos. Un problema que actualmente se expresa en la diferencia que existe entre los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y los datos del Registro Federal de Electores, en relación a los mayores de 18 años que hay en nuestro país. CONAPO calcula alrededor de 70 millones y en el padrón hay más de 77 millones de electores inscritos. Es decir, hoy los partidos político reciben más de $250 millones de pesos que no deberían de recibir, incluso bajo la fórmula actual.

La segunda consecuencia, de aprobarse la presente iniciativa, sería sobre los incentivos que hoy tienen los partidos políticos para acercarse a la ciudadanía. Hoy reciben financiamiento público sin importar su capacidad para convencer a los votantes de ir a las urnas. El cambio que proponemos haría que los partidos redoblaran esfuerzos para acercarse al electorado al tomar en cuenta que la disponibilidad que tengan de recursos públicos dependerá de combatir el abstencionismo y no sólo orientar sus campañas a lo que se conoce como el “voto duro”.

Entonces, volviendo a las cifras que dábamos al inicio, en efecto el presupuesto destinado a los partidos políticos se reduciría considerablemente ya que se basaría en el 50.22% del padrón, es decir en los más de 34 millones de votos válidos que se emitieron y ya no en los más de 77 millones de electores inscritos en el padrón.

No perdamos de vista que a la democracia electoral la hace justamente el electorado, los ciudadanos que hoy desconfían profundamente del trabajo de los partidos políticos y de los representantes populares. Que ven en el financiamiento público un botín que sale de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y que se destina al beneficio de unos cuantos. De hecho según una encuesta publicada por periódico El Universal aparecida el 10 de noviembre pasado al 91% de los encuestados le parecería bien reducir el gasto de los partidos políticos.

Otra encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica el 12 de noviembre en la Zona Metropolitana del Distrito Federal muestra que el 33% de los encuestados consideran que reducir el presupuesto de los partidos políticos es aun más importante que “darle más dinero a la educación (30.2%) o el combate a la pobreza (29.6%).

Si los partidos políticos no somos capaces de atraer más que al 50.22% de los votos del electorado, entonces debemos de trabajar más y mejor para poder atraer al 49.78% restante. El dinero no es lo que atrae a más votantes, son las ideas, el debate y las propuestas. Se trata pues de hacer de los institutos políticos entidades públicas más dinámicas y competitivas.

De la misma manera consideramos que no es necesario que la fórmula y los montos del presupuesto público destinado a los partidos políticos esté definido a nivel constitucional. No hay ningún otra asignación de recursos establecida en nuestra Carta Magna, y por ello constituye un injustificado  privilegio que no gozan rubros tan importantes para la sociedad como salud y educación.

Las condiciones económicas que hoy sufre nuestro país, las están sufriendo todas y todos los mexicanos, no hay razón alguna para que los institutos políticos queden “blindados” constitucionalmente ante los vaivenes de la economía o la negociación presupuestal. Si queremos la confianza de las y los ciudadanos, entonces ganémonosla, tratándolos con el respeto que implica reconocernos unos a otros como iguales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero.- Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41.

I.  (…)
II. (…)

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo que disponga la ley.

a) Se deroga.

b) Se deroga.

c) Se deroga.

III. (…)

IV. (…)
V. (…)

VI. (…)

Segundo.- Se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 78.-

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida, en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;
(…)
(…)
(…)
(…)

2.
3.
4.
5.

Dado en el Senado de la República a los     días del mes de noviembre de 2009

—-

Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de la Junta de Coordinación Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado.

Written by albertoserdan

24 noviembre 2009 at 9:59

¡Ya bajénle! en Monterrey, Nuevo Léon

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Compartirmos este excelente y muy buen video con voces de ciudadanos y ciudadanas de Monterrey, Nuevo Léon, en el que expresan con vehemencia y hasta indignación su demanda de “!Ya bájenle! Menos dinero a los partidos”.

Esperamos que los diputados y las diputadas, ahora que regresan de sus vacaciones, escuchen a estos regios ciudadanos y estas regias ciudadanas de la regia ciudad de Monterrey.

Written by albertoserdan

23 noviembre 2009 at 12:29

De las cuentas que nos debe rendir el Congreso después del PEF 2010

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Andrés Lajous, integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana, habla de las cuentas que deben rendir el Congreso y los políticos a los ciudadanos después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

Fuente: Canal de Javier Solórzano en YouTube.com.

Written by albertoserdan

20 noviembre 2009 at 10:08

El último minuto del Foco Ciudadano

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Con música de Queen, se pedaleó el último minuto del marathón de 24 horas del Foco Ciudadano hace casi una semana en el Ángel de la Independencia, como parte del movimiento “¡Ya bájenle! Menos dinero a partidos” de la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA). Por si no lo vió:

Written by albertoserdan

19 noviembre 2009 at 15:19

Punto de acuerdo del PT sobre #yabajenle

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Gracias a @lapizlazuli, compartimos este documento del diputado del PT Jaime Cárdenas para que los partidos asuman el compromiso de reformar la Constitución para modificar el criterio para calcular el financiamiento que reciben. Fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2009.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A DISMINUIR VOLUNTARIAMENTE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y A ASUMIR EL COMPROMISO DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN A FIN DE MODIFICAR EL CRITERIO PARA CALCULAR EL QUE RECIBEN, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

 

El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se someta a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La labor más importante de quien ostenta un cargo de elección popular es representar a los ciudadanos y a la sociedad, por lo tanto, hago mío los múltiples reclamos que me ha hecho llegar Alianza Cívica, AC, con respecto a la reducción del financiamiento público de los partidos políticos.

El financiamiento de partidos, abarca todos los ingresos de los partidos políticos, ya sean provenientes de la iniciativa privada y del presupuesto público. El financiamiento público a los partidos políticos salta a la luz, sobre todo en crisis económicas como la que atraviesa México en la actualidad. Resulta excesivo y desproporcionado el precepto constitucional que establece que el financiamiento público a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Resulta desproporcionado y excesivo, ya que una parte considerable de ese presupuesto, puede utilizarse para hacer frente a situaciones de mayor urgencia, como lo son el apoyo a la salud, educación, alimentación, entre otras.

El criterio para determinar el financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias no debe ser la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón el electoral por el 75 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Consideramos que el criterio debe ser otro. El criterio que debe seguirse como base es el siguiente: en lugar de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, debe tomarse en cuenta el número total de los votos efectivos en la pasada elección, es decir, descontando los votos nulos.

La fracción 1 del artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos son entidades de interés público. En la fracción II del citado artículo se dispone lo siguiente:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. …

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter especifico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la federación.

De lo anterior se desprende una clasificación del financiamiento público en cuanto a su fin, es decir, el financiamiento público se divide en tres tipos: el destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. La Constitución precisa los alcances de cada tipo de financiamiento, así como su distribución. Como ya expusimos con anterioridad el financiamiento público, resulta excesivo y se aleja en demasía de la austeridad republicana que debe buscarse en el presente.

En teoría el apoyo público debería capacitar a los partidos a realizar mejor sus tareas, también en los períodos que se encuentran entre las campañas electorales, hecho que lamentablemente no ocurre. Por otra parte, existe la prueba empírica que en todas las democracias occidentales los partidos más grandes se benefician de manera desproporcionada de los financiamientos públicos, es decir, los partidos mayoritarios son los más beneficiados, mientras que los partidos minoritarios resultan perjudicados.

De la desproporción en los financiamientos públicos surgen varios problemas. Uno considerable es la “interpretación económica de la democracia, según la cual ésta se caracteriza por la existencia de un mercado político al lado del económico, y en el que se da, en relación entre electores y elegidos –que es propia de la democracia representativa–, un continuo intercambio de dos mercancías: el apoyo, en su forma de voto de parte de los electores, y diversos beneficios, patrimoniales o de status, de parte de los elegidos.”1 Es decir, el principio democrático plasmado en la Constitución se mercantiliza, lo cual genera un círculo vicioso, ya que todo se vuelve un intercambio; sin el voto no hay apoyo de los elegidos y sin el apoyo de los elegidos se niega el voto, lo cual niega implícitamente que existe un deber del elector y del elegido más allá de los intercambios políticos. Los gobernados, pero sobre todo los gobernantes, deben regirse bajo la máxima kantiana “el deber por el deber”, en vez de buscar el intercambio político desmedido.

Además del privilegio partidista, es decir, la protección, asegurada constitucional y políticamente de los partidos políticos, ya que tienen el monopolio en el registro de candidatos, lo cual ha motivado a que determinados casos lleguen a instancias internacionales, existe un financiamiento público desacorde con la realidad económica y social del país.

Es importante mencionar que los partidos políticos no se encontraban en la concepción originaria de la democracia. Sin embargo, en la actualidad “la formación y el constante crecimiento de los partidos los ha llevado a interponerse –por inercia, y no por la mala intención de uno u otro grupo ávido de poder– entre el cuerpo electoral y el parlamento y, más en general, entre el titular de la soberanía y aquellos que de hecho deberían ejercer la soberanía. Esto terminó por truncar la relación directa entre electores y elegidos, creando dos relaciones distintas: la primera entre los electores y el partido, la segunda entre el partido y los elegidos, lo que torna cada vez más volátil la relación originaria y característica del Estado representativo entre el que emite el mandato y el mandatario.”2 Aunado a lo anterior, el financiamiento público desmedido causa perjuicio al derecho de los ciudadanos de participar en la democracia de manera más activa. Los partidos pierden contacto con su militancia y simpatizantes, y consecuentemente, los ciudadanos no participan en la deliberación de asuntos trascendentes.

No existe una fórmula de financiamiento público perfecto, sin embargo, es nuestro deber buscar la democratización constante del país, ya que así se dispone en la Constitución. Es nuestro deber buscar el bienestar del pueblo mexicano, consecuentemente, resulta necesario pugnar por la reducción voluntaria del financiamiento público a los partidos políticos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los partidos políticos a reducir de manera voluntaria el financiamiento público.

Segundo. Se exhorta a los partidos políticos a asumir el compromiso de reformar la el artículo 41 constitucional con la finalidad de cambiar el criterio para calcular el financiamiento público de los partidos políticos, cambiando dicho criterio para que en lugar de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se tome en cuenta el número total de los votos recibidos por cada partido en la pasada elección.

Notas
1. Bobbio, Norberto. El Filósofo y la Política, FCE, México, 1996, página 278.
2. Ídem. Página 291.

México, DF, a 18 de noviembre de 2009.

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)

Written by albertoserdan

18 noviembre 2009 at 22:40