Esperanza Marchita

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Archive for enero 2010

¿Cómo llegamos al la 4a Asamblea?

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Buenos días a todos, hace frío pero que gusto volverlos a ver. Hoy tenemos como objetivo evaluar y discutir el funcionamiento de la Asamblea. Para ello haré un recuento que espero sea breve y haré un diagnóstico. Disculpen el inevitable carácter subjetivo.

Cómo llegamos a la IV Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA)

Llevamos tres Asambleas Nacionales y esta es la cuarta, seguimos juntos y eso es lo fundamental. En la primera llegamos a tres acuerdos mínimos:

1) Democracia directa y democracia participativa (con sus múltiples figuras como la revocación del  mandato,  plebiscito,  referéndum,  etc.)

2) Reducción del financiamiento de los partidos políticos y rendición de cuentas

3) Candidaturas Independientes.

Nos reunimos pasadas las elecciones en Guadalajara,  alrededor de 70 organizaciones. Elaboramos un documento articulador que terminó de cuajar en la tercer Asamblea en Tlaxcala, que por cierto fue toda una experiencia de improvisación exitosa. Dicho documento nos permite entender la naturaleza del movimiento, apartidista, horizontal, abierto, con reglas claras para la toma de decisiones por consenso salvo situaciones límite por votación.

El primero de septiembre acudimos a tomar protesta simbólica ante los diputados federales. Les recordamos la relación laboral que tienen con los ciudadanos, en la que los dueños de México somos los ciudadanos. Les dejamos un pliego petitorio para que iniciaran una deliberación nacional pública en torno a las reformas políticas de las que hablamos. No hubo respuesta.

Tenemos un sitio web http://www.anciudadana.org que reúne los documentos esenciales para el movimiento. Tenemos un blog de noticias y un sitio que ofrece herramientas de colaboración colectiva, el groups (grou.ps/anciudadana) que tiene hasta la fecha 211 miembros registrados. Tenemos actividad constante vía Facebook y Twitter. Y hemos celebrado cuatro reuniones virtuales para ponernos de acuerdo sobre asuntos técnicos. Cada día nos entendemos más y hasta hemos sido capaces de elaborar documentos en línea de un día para otro.

Lanzamos en Octubre una campaña de reducción al financiamiento de los partidos políticos, “¡Ya Bájenle!” que pretende sujetar el presupuesto por partido al total de votos válidos emitidos a su favor. Mediante el sitio web operado por Alianza Cívica se han emitido a la fecha,  29015 correos electrónicos a los legisladores de México exigiendo que se establezca esta política. A la fecha no lo han hecho, pero se han sumado firmas visibles como la de Lydia Cacho, Denise Dresser, Heriberto Yépez, Manuel López San Martín del universal. La acción “foco ciudadano” fue un ejemplo claro de la manera de activar a la ciudadanía, un aplauso por eso.

A principios de diciembre, el presidente Felipe Calderón lanzó un paquete de reformas políticas, entre las que se encuentran las candidaturas independientes y algunos mecanismos de democracia participativa. Se ha reconocido el origen de algunas de ellas como demandas de la sociedad civil. Sin embargo la ANCA emitió un comunicado para exigir la deliberación ciudadana de dicho paquete, con todos los actores interesados y sin acaparamiento de la decisión por parte de los partidos.

Qué cosas no nos han funcionado.

La comunicación se dispersa en varios canales virtuales. El correo de google-groups ha saturado la cuenta de muchos que se han dado de baja, el grou.ps no todos han aprendido a utilizarlo y no todos han logrado conectarse a las reuniones virtuales, además de que su sistema es rudimentario y no permite un gran número de participaciones. Hemos perdido presencia mediática en los últimos eventos, el comunicado de la ANCA respecto las reformas de Calderón fue poco difundido.

Hemos perdido comunicación con varios grupos que se interesaron en un inicio con la ANCA. No tenemos la relación que esperábamos con otros movimientos u organizaciones,  pues falta aclarar nuestra estrategia de vinculación.  Las comisiones de trabajo que alguna ves formamos han dejado de operar. No tenemos una carpeta informativa para quienes se acercan por vez primera a la ANCA y no tenemos una estrategia para sumar ciudadanos no activistas.

Las agendas locales de cada organización han complicado en varias ocasiones la atención sobre los eventos que promueve el movimiento. No tenemos aún estrategias claras de vinculación local con acciones nacionales.

El panorama parece que empeora. Seguro estaremos expuestos a escenarios más críticos cada vez. Se dificultarán las Asambleas Nacionales por la situación económica. Internet no basta para promover la protesta con propuesta.

Ante esto, qué esperar y qué hacer

Esperar, nada, me parece mal punto de partida. Para las elecciones de este año, yo no veo signos positivos para promover algo distinto al voto nulo. Si no se dan los cambios que esperamos en el ámbito político, llegaremos a un 2012 igual o en peores condiciones que el 2009. Quizá 10 millones de votos nulos.  Pero este es un debate para el día de hoy.

Ante las reformas de Calderón es evidente la negativa de los partidos a ceder poder y con retardo varios analistas coinciden en admitir el secuestro de la democracia. Tenemos este panorama a nuestro favor para volver a decir lo dicho en tiempos electorales y presionar. Pero tampoco hay que perder de vista los aplausos apresurados a estas reformas. Como ANCA podemos reiterar la exigencia de abrir una deliberación nacional, ahora más que nunca. Hay que pensar las estrategias para llamar y merecer la atención.

Creo que como ANCA debemos trazar una ruta clara no necesariamente épica y protagonista y con el compromiso básico de diálogo incondicional. Tenemos que plantearnos un esquema de operación remota, a través de lo virtual, y una estrategia práctica, económica, sumamente divertida y audaz para seguir insistiendo y sumando más allá de lo virtual.

Tenemos mucha creatividad, hay que utilizarla para para aterrizar los conceptos que manejamos en manuales tácticos donde expresemos la idea de democracia que nos ha motivado a llegar hasta aquí.

Parece ser que sólo tenemos capacidad de diálogo con cierto elenco social.

Trabajemos un discurso más práctico y simple que nos sirva para explicar que la presente crisis del sistema de representación sólo se salva con un marco legal que le reconozca a la participación ciudadana el fundamento soberano de la democracia, y que garantice un Estado que despliegue herramientas, canales e instrumentos que aseguren el  control  social  de lo público mediante la participación ciudadana.

Además de ejercer presión a la clase política mediante campañas propositivas y lúdicas, tenemos que promover con los ciudadanos el derecho de cada uno para conocer, cuestionar y proponer cuando quiera el tema público que más le afecte, preocupe o guste. Creo que estos dos caminos que se marcan claramente en la ANCA, no son para nada antagonistas sino dos vías que se acompañan y enriquecen, no discriminemos ninguna. Como ANCA nos queda un camino largo para promover la activación de fuerzas ciudadanas, estamos sembrando para otras generaciones.

La acción ciudadana es la locomotora capaz de provocar la democratización del país. Su alcance dependerá de la capacidad que generen los grupos ciudadanos activos para ofrecer soluciones éticas y viables a los problemas colectivos que todos padecemos por encima de la propia agenda o ideología. Siendo así, en la ANCA podemos establecer lazos de colaboración según la coyuntura de cada organización y hacer  campañas mediáticas de apoyo.  En Guadalajara agradecemos mucho las columnas que salieron en los medios del D.F. sobre el puente atirantado y la valiosa asistencia y apoyo que nos dieron los hermanos de Monterrey.

Hay que retomar “¡Ya Bájenle!” y darle un impulso mayor, obligar a los políticos a trabajar para ganarse su pan de cada día. Ayer ya propusieron “¡Ya Súbanle!” para presionar a invertir donde realmente se necesita.

Hay que plantearnos cómo obligar a la clase política a formular un verdadero pacto social, quizá ello deba pasar por el tema del pago de impuestos, habrá que discutir su obligatoriedad ante un gobierno pirata e informal.

De cada quién según sus capacidades y a cada quién según sus necesidades: Que cada organización pida a la ANCA apoyo específico según el tema de coyuntura local.

Provoquemos que el ciudadano de a pie se pueda sumar con acciones pequeñas que no le impliquen un gran sacrificio de entrada o no podremos sumar, activación discreta. Tenemos en nuestras manos nuestra imaginación, nuestra principal herramienta. Podemos ir desde los campamentos hasta los focos ciudadanos, desde los muros hasta los performance callejeros, las asambleas vecinales, giras de cine barriales, talleres, foros y manifestaciones en las instituciones públicas.

Estamos en la IV Asamblea con la necesidad de establecer una agenda clara de trabajo, articulación y comunicación guiados por el espíritu del artículo 39.  El voto nulo nos permitió, ante todo, reunirnos. Tengamos paciencia los unos con los otros, para escucharnos. Ánimo, a pensar el rediseño de la manera de hacer política y de la política misma. La bolita está de nuestro lado, a jugar seriamente.

Gracias.

Negro Soto Morfín

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Reforma política desde ojos ciudadanos

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Un acercamiento a la reforma política del Ejecutivo desde la perspectiva ciudadana.
Alberto Serdán Rosales.
Propuesta Cívica, A.C.
30 de enero de 2010.

Quiero agradecer al Comité Anfitrión por la invitación que me hicieron para compartirles un breve resumen de la propuesta de Reforma Política presentada por el Ejecutivo, al tiempo de hacer unos comentarios que, me parece pertinente aclarar –especialmente a los presentes y a las amigas y amigos de los medios de comunicación, no reflejan el punto de vista de la Asamblea Nacional Ciudadana. Son, pues, reflexiones personales.

La propuesta de Reforma Política tiene claroscuros, omisiones, pero, hay que reconocerlo, representa una respuesta directa del gobierno en funciones al movimiento anulacionista. Así lo ha reconocido el mismo Secretario de Gobernación en diferentes espacios y, por lo tanto, es una propuesta que no puede ignorarse o rechazarse a priori. En cualquier caso, el hecho mismo de que grupos políticos se sientan comprometidos a responder ante nuestras exigencias, es una buena señal. Sin embargo nuestra tarea como movimiento está muy lejos de terminarse ante las necesidades que tiene el país y que en este espacio compartimos y conocemos a flor de piel.

Como saben, la propuesta del Ejecutivo gira en torno de nueve ejes: la reducción del Congreso Federal; el incremento del umbral de votación para mantener el registro de los partidos políticos; la segunda vuelta en la elección presidencial; la reelección de legisladores y gobernantes municipales; la capacidad al Poder Judicial para iniciar leyes; el establecimiento de la iniciativa preferente; la reconducción presupuestaria y la posibilidad del Ejecutivo para vetar leyes de manera parcial. Finalmente, también propone incluir las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes.

A continuación detallaré estas propuestas acompañadas de algunos apuntes.

1. Con el propósito de mejorar la negociación y la celebración de acuerdos, el Ejecutivo propone reducir el Congreso de la Unión en 100 diputados y 32 senadores. Esto implicaría que cada diputado representaría ahora a 90 mil ciudadanos más. ¿Es mucho o es poco? No se sabe. Lo cierto es que reducir la capacidad de representación no necesariamente son buenas noticias para la ciudadanía. También es cierto que no importa el número de legisladores, lo que importa es su calidad, su profesionalización y su capacidad para vincularse con sus representados.

Por su parte, la reforma en el Senado elimina la representación proporcional. De aplicarse la nueva fórmula propuesta por Calderón, hubiese aumentado la sobrerrepresentación del PAN: en 2006, con 34% de los votos, el PAN tuvo el 41% de los senadores; con la nueva fórmula, el PAN tendría el 43% de los senadores. La coalición encabezada por el PRD, con 30% de los votos en 2006, tuvo el 28% de los senadores; ahora tendría el 24% con la nueva fórmula. Esto último, son malas noticias para la representación proporcional de las fuerzas políticas.

2. Incremento al umbral del registro de los partidos. El Ejecutivo propone aumentar de 2 a 4 por ciento el porcentaje mínimo para mantener el registro de los partidos. Argumenta que México es uno de los países con el umbral más bajo y compara esta situación con varios países Latinoamericanos. Lo que no dice el Ejecutivo es que, por ejemplo, el 5 por ciento mínimo para Chile equivale a 360 mil ciudadanos; en México, el dos por ciento mínimo equivale a 836 mil; es decir, 2.3 veces más. ¿Es mucho o es poco? Tampoco se sabe, pero, nuevamente, en principio disminuir la pluralidad y la representación no parecen ser buenas noticias para la ciudadanía.

3. Segunda vuelta. En su propuesta el Ejecutivo propone la existencia de una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato o candidata obtenga el 50 por ciento de las preferencias en una primera vuelta. Además, propone que la fecha de la elección de esta segunda vuelta se empalme con la elección legislativa. El propósito es informar mejor el voto de la ciudadanía y generar mayorías que permitan gobernar al Presidente. Datos empíricos de 28 países, compilados por el investigador Rafael Martínez de la Universidad de Barcelona, apuntan a que los sistemas políticos que cuentan con segunda vuelta tienen en promedio 3.6 partidos en el parlamento. No obstante, recomienda prudencia ya que en siete sistemas la tendencia en el mediano y largo plazos fue al bipartidismo. Bipartidismo o tripartidismo, lo cierto es que las segundas vueltas tienden a construir dos bloques mayoritarios que pueden ser artificiales. Acorde con las conclusiones de este investigador, los partidos pequeños tienden a perder representatividad pero ganan capacidad de negociación. Malas noticias para la representación, buenas noticias para el logro de acuerdos.

4. Quizá la propuesta más polémica es la reelección para legisladores federales y locales hasta cumplir periodos de 12 años. Desde el punto de vista ciudadano, quienes defienden la reelección señalan que tiene la ventaja de que el candidato opositor (o grupos de la sociedad civil opositores al candidato oficial) recordarán al electorado las promesas y su eventual incumplimiento por parte de éste eventual candidato, convirtiéndose en un mecanismo eficaz de rendición de cuentas: se contraponen los resultados de la gestión de quien está y quiere volverse a elegir, con las propuestas de cambio de quien quiere llegar por primera vez. Los críticos señalan que quienes están en el poder dispondrán de los recursos públicos para usarlos en su beneficio afectando la equidad de la contienda. Antídoto: transparencia y rendición de cuentas. Reelección sí y solo sí va acompañado de la revocación del mandato. Sí y sólo sí se da valor jurídico al voto nulo. Sí y sólo sí existen mecanismos para garantizar equidad en la contienda, como el acceso a medios. Entre mayores son los recursos a la disposición del candidato oficial, mayores los riesgos. Por ello reelección sí y sólo sí se queda en el nivel de los legisladores. No para Presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales donde la posibilidad de una contienda inequitativa es mucho mayor.

5. Veto parcial. El Ejecutivo propone que la ley reconozca la posibilidad de que el Presidente rechace parcialmente leyes aprobadas por el Congreso. Es una medida absurda. Como señala Diego Valadés, “Una posibilidad aún más inquietante, consiste en que no habría límites para que el Presidente vetara las obligaciones y promulgara sólo las facultades gubernamentales”. No obstante, en lo que toca al Presupuesto de Egresos de la Federación (y exclusivamente en este caso) el veto parcial puede ser una buena solución cuando ya es 1 o 2 de enero y sigue sin aprobarse el Presupuesto o éste es objetado por el Presidente. Aquí el veto parcial permitiría dar certeza al ejercicio del presupuesto, lo cual actualmente no ocurre si no se aprueba en tiempo y forma. No obstante, es fundamental que esta prórroga también tenga una fecha límite para que las observaciones no se superen hasta los últimos días del ejercicio del presupuesto en curso.

6. Una propuesta más es la capacidad del Poder Judicial para iniciar leyes que estén relacionadas con su administración y su ámbito de competencia. Quienes favorecen esta propuesta señalan que la reforma del Poder Judicial está entrampada porque este Poder está impedido para señalar sus necesidades y problemas y, a partir de ello, diseñar normatividades más cercanas a la realidad y por lo tanto que sean más eficaces. Quienes están en contra apuntan la contradicción que significaría ser juez y parte. Una salida a este conflicto es la posibilidad de que esta normatividad siempre sea aprobada con dos terceras partes o incluso la totalidad del Congreso para garantizar legitimidad y contrapesos eficaces a posibles abusos del Poder Judicial. Aquí la ciudadanía, como en el caso del veto parcial, poco tiene que ver pues se tratan de reformas para mejorar la capacidad de los poderes para gobernar.

7. El último de los mecanismos para optimizar la gobernabilidad es la iniciativa preferente y en ciertos casos con referéndum. El Ejecutivo propone que al inicio de cada periodo ordinario de sesiones éste pueda presentar dos iniciativas de Ley que el Legislativo debe aprobar o rechazar en tres meses. Si al término de los cuales el Legislativo no se pronuncia, entra en vigor automáticamente la iniciativa presidencial. A esto se le conoce como afirmativa ficta. Las leyes electorales, presupuestarias, fiscales y de seguridad nacional estarían excluidas de este mecanismo. Pero, ¿qué ocurre si el Presidente decide crear una Ley de Derechos Humanos? ¿tres meses son suficientes para discutir, incluir a la ciudadanía, escucharla e incorporar sus opiniones y aprobar la Ley por ambas cámaras? La iniciativa no lo contempla. A su vez, la propuesta señala que para reformas constitucionales, si el Legislativo no se pronuncia, debe celebrarse un referéndum para su aprobación (aquí no aplica la afirmativa ficta). Establece que como mínimo dos terceras partes del electorado deben aprobarla para que entre en vigor. Sin duda es importante que el Ejecutivo diga con claridad cuáles son sus preferencias. La afirmativa ficta no es la solución. En todo caso, el Legislativo tendría que explicar en un documento las razones en función de las cuales no discutirá la propuesta del Ejecutivo, en un ejercicio de rendición de cuentas, elevando el costo político del Legislativo.

Siete de las nueve propuestas tienen que ver con mecanismos para que el Ejecutivo tenga un contexto de gobernabilidad y acuerdos. De manera residual, también presenta dos iniciativas para mejorar la representación popular:

8. Candidaturas ciudadanas. Esta propuesta es una exigencia de la Asamblea Nacional Ciudadana. En la iniciativa el Ejecutivo plantea que tales candidaturas sean para todos los puestos de elección popular. No obstante, la propuesta señala que “los aspectos relativos a la regulación del financiamiento, acceso a medios, fiscalización de gastos y garantías exigidas a las candidaturas ciudadanas, se deberán establecer en la legislación secundaria”. Esta omisión es grave ya que provoca –como ha ocurrido- que las fuerzas políticas las rechacen en automático bajo argumentos falaces como “entrarían candidaturas del narcotráfico” (como si no hubieran entrado ya a través de los partidos) o “habría candidatos de los medios y poderes económicos” (como si no hubieran ya a través de los partidos). La indefinición de la propuesta presidencial nos obliga a concretar con claridad los candados que deben tener estas candidaturas para evitar abusos. Invito a que esto sea lo que se defina hoy en la Asamblea dentro de las mesas correspondientes de la tarde.

9. Finalmente, en su propuesta para establecer iniciativas ciudadanas el Ejecutivo omite dos aspectos fundamentales: tales iniciativas no contienen una suerte de “iniciativa preferente” para que sean atendidos por el Legislativo y tampoco está acompañados de mecanismos de referéndum y plebiscito para su aprobación. La propuesta del Ejecutivo establece que tales iniciativas pueden ser presentadas si agrupan a una décima de punto porcentual del padrón, es decir, 78 mil 264 ciudadanos. Un dato: la campaña de ¡Ya Bájenle! logró juntar 28 mil firmas exigiendo cambios legales para reducir el financiamiento público de los partidos. Son muchísimas pero a pesar de su utilidad pública y su notable carácter ciudadano, esta propuesta no podría presentarse como iniciativa de Ley en este contexto.

En suma, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance.

La propuesta del Ejecutivo tiende al objetivo de favorecer acuerdos. No es gratuita la sensación de grupos ciudadanos de que es sumamente insuficiente. No fue pensada en principio para mejorar la relación con los gobernados a partir del “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Este equilibrio hoy por hoy está muy lejos de ser una realidad para la ciudadanía. Esta propuesta no parte del principio de mejorar la representación ciudadana.

Por su parte, las omisiones de la iniciativa son evidentes para nosotros: no están la reducción del financiamiento público a los partidos, su transparencia y rendición de cuentas; tampoco mecanismos de democracia directa como el plebiscito y referéndum ligados a la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo. Tampoco existe precisión sobre las modalidades y alcances de las candidaturas independientes; así como la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular para evitar episodios lamentables e inaceptables como el de las “juanitas”. Por ello hacen falta reformas ciudadanas urgentes que incluyan estos aspectos, así como la efectiva realización de los derechos civiles, a la seguridad pública y al acceso a la justicia. Recuperar el terreno perdido ante la colonialización de los políticos en los organismos públicos autónomos, el fortalecimiento de la ciudadanía y su participación, así como la generación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos (tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales).

Como ciudadanía debemos hacernos cargo de vigilar lo logrado y aprovecharlo: hoy, en 19 estados de la República existen mecanismos de plebiscito, referéndum e iniciativas ciudadanas. Sus requisitos en muchos casos son inalcanzables para utilizarlos efectivamente, en otros, simplemente no los hemos aprovechado y tampoco los hemos puesto a prueba. Por ello debemos tener el compromiso de no sólo luchar por cambios políticos sino asumirlos y ejercerlos. Crear agendas locales de reforma, escuchar a la ciudadanía para lograr consensos sociales más fuertes, para tener más liderazgos locales y ciudadanos. Lograr la ciudadanía social.

Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.

En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana.

No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la Asamblea Nacional Ciudadana que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartirles una última reflexión: por correo electrónico nuestra colega Connie Patiño nos contó cómo en Veracruz el gobierno emplea técnicas cavernarias para evitar que la gente conozca de las propuestas ciudadanas de la ANCA: amedrentamiento, amenazas de desalojo, confiscación de materiales de difusión. En otros espacios, hemos conocido recientemente de compañeras y compañeros que han perdido la vida en defensa de los derechos humanos. Desde Chihuahua hasta Chiapas y Guerrero. El camino es arduo pero no podemos, no debemos bajar los brazos. Es la hora de exigir, la hora de actuar.

Muchas gracias.

Written by albertoserdan

30 enero 2010 at 9:54

Publicado en General

Los ausentes en el Senado

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Alberto Serdán Rosales, secretario técnico de Propuesta Cívica escribió en el blog Nexos en línea, esta interesante reflexión de la ausencia de representantes de la sociedad civil organizada en el recién concluido debate en el Senado de la República en torno a la reforma electoral necesaria para México. A continuación presentamos su contribución al debate.

Los ausentes en el Senado

Concluyó un foro más de discusión sobre la Reforma Política con la ausencia de organizaciones de la sociedad civil en su convocatoria y deliberaciones. Académicos, “expertos”, legisladores, líderes de partidos y gobernadores se dieron cita en un seminario en el Senado de la República en el que no se permitieron preguntas ni respuestas del público asistente. Los datos fueron sustituidos por adjetivos y especulaciones. A su vez, las necesidades de la ciudadanía fueron interpretadas en alusiones vagas y, en algunos casos, con palabras cargadas de demagogia y cinismo. Entre los participantes muy pocos se percataron de que la voz ciudadana no tuvo espacio.

El “Seminario de Análisis” de la Reforma Política arrancó con 24 sillas en un largo presidium y ninguna se destinó para la sociedad civil. Así se dio la bienvenida al “gran diálogo nacional” en la que “los invitados tienen mucho que decir”. Los ausentes no. En su lugar, durante 432 ocasiones las y los oradores dijeron palabras como “ciudadano/as”, “ciudadanía”, “ciudadanizar”, “cívico/a”. De estas palabras, 72 por ciento fueron mencionadas en las mesas en las que participaron los políticos, el 28 por ciento restante en las mesas donde participaron los “expertos”. La palabra “político/as” las duplica con 973 veces. En las versiones estenográficas, “sociedad civil” sólo apareció 13 veces (la mayoría en sólo dos discursos); en tanto que la palabra “aplausos”, 83.

El distanciamiento con la ciudadanía fue considerable. Mientras que buena parte de la clase política piensa en acuerdos, hay voces ciudadanas que piensan en la reducción del financiamiento público a los partidos (sólo dos ponentes hicieron una alusión marginal al tema), su transparencia y rendición de cuentas; en mecanismos de democracia directa, en el plebiscito, referéndum, la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo; así como en las candidaturas ciudadanas -las cuales fueron desechadas por la mayoría de los expositores por “peligrosas”- y la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular. En suma, unos piensan en mantener las cosas prácticamente como están, otros en generar un contexto de competencia, exigencia, rendición de cuentas a los partidos.

Como apuntó Diego Valadés en su ponencia, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance. Es cierto, no puede existir lo segundo sin lo primero; pero no puede aceptarse que en aras de mejorar la capacidad de generar acuerdos, se excluya a la ciudadanía.

Que se incluyan voces ciudadanas debe ser natural en espacios como el Senado, no a petición. El Seminario en el Senado tuvo el mismo formato, los mismos discursos, los mismos ponentes, los mismos políticos y las mismas propuestas de siempre. “Estamos a favor de la participación ciudadana que no desequilibre los poderes constituidos”, sentenció la representante de Nueva Alianza. “No hagamos a los otros, lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos”, añadiría Fidel Herrera un día después. Se entendió el mensaje.

Por su parte, el monólogo colectivo se llenó de adjetivos. Muy pocos datos, evidencias. Nada sobre grupos de enfoque, encuestas (sólo una ponencia hizo uso de ellas), análisis comparados (sólo tres ponencias las emplearon), relaciones estadísticas, ya no digamos sistematizaciones puntuales, relaciones causa-efecto, análisis sociológicos o antropológicos de tipo alguno que sostuvieran los argumentos. Algo que explicaran, basándose en evidencias y no suposiciones o anécdotas aisladas, sobre los límites, consecuencias intencionadas y no intencionadas del decálogo de Calderón. Lo resumió muy bien Carlos Elizondo Mayer-Serra: la ciencia política es lo más alejado de una ciencia exacta cuando se discuten reformas como éstas. Se notó.

La misma propuesta presidencial no ayuda. En ese sentido la argumentación de Diego Valadés fue ilustrativa: “¿Por qué se estimó que es mejor reducir en 100 el número de diputados, y no en 75 ó en 150?, por ejemplo. ¿Cómo se escogió la cifra mágica propuesta? ¿Se hizo algún estudio que se mantiene en secreto? ¿O no se hizo estudio alguno? Ambas cosas serían desconcertantes”.

El senador Manlio Fabio Beltrones despidió el Seminario “con un buen sabor de boca”. Dijo que “tenemos ya materia prima, ahora hay que construir”. El desdén por la ciudadanía y por las evidencias es notable. Sin escuchar a la primera y al obviar la segunda, el senador se declara listo para diseñar la arquitectura política del país. Nada nuevo cuando los intereses personales y de grupo están de por medio. No obstante, luego de solicitudes formales por escrito, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, prometió considerarlas en comisiones dictaminadoras y abrir espacios porque “a las senadoras y senadores nos interesa por supuesto saber lo que la sociedad piensa de su forma de Gobierno”. Ojalá así sea.

En cualquier caso, es importante apuntalar la idea de crear una reforma ciudadana para refundar la democracia. Una reforma que atienda las preocupaciones trazadas por diversos grupos y personalidades ante la descomposición de la vida pública de México y el déficit de representación de nuestra clase política (incluso reconocida por varios de los ponentes). En esa tarea será importante promover un acuerdo de entendimiento entre la izquierda y la derecha cívicas para avanzar en reformas que empoderen a la ciudadanía, abran espacios para su participación, rompan con el monopolio de los partidos y los obliguen a mejorar: todo aquello que los ausentes no pudieron decir en el Seminario pero que se las ingeniarán para que su voz sea escuchada en el futuro. Aunque no les guste.

Alberto Serdán Rosales. Secretario Técnico de Propuesta Cívica, A. C.

¿Por qué excluir a los ciudadanos de la discusión sobre la reforma política?

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Ante la ausencia de la sociedad civil en la convocatoria y en los foros de discusión sobre la Reforma Política en el Senado de la República celebrados los días 25 y 26 de enero de 2010, ciudadanos organizados por la Reforma Política Ciudadana, expresamos:


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México, D.F., 25 de enero de 2010

COMUNICADO DE PRENSA

El día de hoy iniciaron los foros de discusión sobre la Reforma Política en el Senado de la República.

Ante la ausencia de la sociedad civil en la convocatoria, ciudadanos organizados por la Reforma Política Ciudadana informamos que:

1.- Es indispensable que los políticos den una señal de que están dispuestos a gobernar para los ciudadanos y no para sí mismos. Por ello exigimos que se modifique el artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento público a los partidos se calcule multiplicando el número total de votos válidos emitidos para un partido o coalición en la elección inmediata anterior en lugar del “número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral”, como dice actualmente.

2.- Urge incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, que se sometan a las mismas reglas de adquisiciones que quienes reciben dinero público ya que hoy en día no tienen que concursar ni licitar ninguna compra.

3.- Tanto el poder legislativo como los gobiernos estatales y municipales deben rendir cuentas del ejercicio de los recursos públicos y de los resultados que tiene su desempeño como autoridades. Hoy en día es imposible conocer en qué y cómo gastan. La reelección es sin duda un incentivo para que cumplan sus compromisos y administren con cautela, pero requerimos mecanismos reales que nos permitan conocer esa información para evaluarlos antes de premiarlos.

Finalmente, preguntamos a los Senadores ¿porqué excluir a los ciudadanos de la discusión? ¿cómo pretenden hacer una reforma ciudadana sin ciudadanos? Es lamentable que en estas discusiones se hable en nombre de la ciudadanía pero no se le convoque a dialogar y a presentar sus propuestas.

Responsables: Maité Azuela, Alberto Serdán y Andrés Lajous.

Boletín de prensa en formato pdf

La ANCA ante la reforma política

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Alberto Serdán Rosales, Secretario Técnico de Propuesta Cívica, discute el papel de la Asamblea Nacional Ciudadana en el proceso de reforma política que está por ser discutida en el Congreso de la Unión. Se transcribe su colaboración, publicada en el blog de Reforma, Desde el Congreso. Espacio del e-lector, el 19 de enero de 2010.

La ANCA ante la reforma política

Por Alberto Serdán

Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.

Entre las características de la promoción del voto nulo en 2009 se encontró el hartazgo de una disociación entre el mundo que toma decisiones –cotidianamente llamada clase política– y el de una mayoría espectadora de la descomposición de esa clase dominada por cuotas e intereses particulares y partidistas. De fondo, la incapacidad de esta clase para garantizar el ejercicio de derechos (tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales), así como de mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos en un marco de transparencia y rendición de cuentas, de igualdad sustantiva, democracia sustantiva y un estado democrático de derecho.

En este contexto, grupos que promovieron el voto nulo (como “Esperanza Marchita”, “Para políticos nulos, votos nulos”, “Vota por Papanatas”, “Voto Blanco” y “Tache a Todos” –por citar sólo algunos) conformaron la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) y pasaron de la protesta a una propuesta mínima de tres ejes básicos: i) el establecimiento de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa ciudadana y el valor jurídico del voto nulo; ii) el establecimiento de las candidaturas independientes y; iii) la reducción del financiamiento de los partidos, su transparencia y rendición de cuentas.

De manera activa, en los últimos meses la ANCA promovió la campaña ¡Ya Bájenle! que se propuso modificar la fórmula para el cálculo del dinero que se entrega a los partidos políticos, con el propósito de que sean los votos válidos, y no el padrón electoral, lo que determine su financiamiento. En este sentido, hay en puerta una iniciativa de reforma constitucional pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores –también en la de Diputados y el resto de los Congresos Estatales– por lo que las movilizaciones (incluyendo en Twitter y Facebook) continuarán hasta lograr este objetivo.

En tanto, el próximo 30 y 31 de enero la ANCA llevará a cabo su 4a Asamblea en Monterrey, Nuevo León, donde se discutirá, además de los tres ejes, su postura respecto de los próximos procesos electorales en 2010, así como las propuestas que no fueron retomadas en la reforma política presentada por Felipe Calderón. Asimismo se debatirá la posición de la ANCA respecto de la reelección y, lo más importante, se definirán estrategias para lograr que la ciudadanía, efectivamente, forme parte de todas estas discusiones y no se quede al margen.

En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana. No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la ANCA que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.


Rumbo a la IV Asamblea Nacional Ciudadana en Monterrey

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Los días sábado 30 y domingo 31 de enero de 2010 se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la IV Asamblea Nacional Ciudadana. En esa reunión se tratarán temas de interés para el movimiento que surgió después del voto nulo.

En la propuesta de agenda para esta reunión, durante el sábado 30 de enero, se plantea la mesa de trabajo llamada “Democracia representativa”; en ella se abordará y discutirá la posición de  ANCA frente a las elecciones estatales 2010, las  candidaturas ciudadanas, el tema de la reelección, así como la rendición de cuentas y transparencia.  En esta mesa, la introducción es el documento con la postura de la Asamblea Nacional Ciudadana frente a la propuesta de reforma política del presidente Felipe Calderón, que se puede consultar aquí.

Durante el domingo 31 de enero se realizará propiamente la IV Asamblea de ANCA; los temas a tratar son: identidad de ANCA y su interacción con otros movimientos, organizaciones, grupos y actores políticos; relación con los medios y visibilidad; discusión de la ampliación de la agenda de la ANCA en el campo de la reforma política y otros temas vigentes (como el Estado laico, la perspectiva de género, el derecho a decidir y revocación de mandato); finalmente, se abordará la organización interna de ANCA.

Como se puede observar, es una la agenda tentativa de la IV Asamblea Nacional Ciudadana a realizarse en la regia ciudad de Monterrey es relevante, por lo que es importante su participación para definir el rumbo que tomará en el futuro inmediato el Movimiento ANCA, de la protesta a la propuesta (que tomó forma en la llamada Declaratoria de la ANCA)

P. D. La forma de inscripción para participar en la IV ANCA está aquí.

P. D. 2. No olviden visitar y participar en el sitio de la Asamblea Nacional Ciudadana.

Iniciativa del senador José González Morfín para reducir financiamiento a los partidos políticos

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Ahora que se acerca el inicio de sesiones del nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, recuperamos esta iniciativa del senador José González Morfín que propone de manera similar al diputado César Nava (también del PAN), con el fin de no olvidar el tema de la urgente necesidad de disminuir el financiamiento público de los  partidos políticos en México.

Iniciativas de Ciudadanos Senadores
Del Sen. José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Documento en Tramite

Sinopsis:

Propone modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva
del Senado de la República,
Presentes.

José González Morfín, Senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Antecedentes.

La reforma electoral en México del 2007 dio paso a una “tercera generación de reformas electorales”. Entre 1977 y 1986 el sistema electoral mexicano vivió la primera generación de reformas, cuyo sentido fundamental fue la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y la competencia electoral, ampliándose para tal fin los espacios de la representación nacional tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en los congresos estatales y los ayuntamientos.

De 1989 a 1996 una segunda generación de reformas transformó de raíz las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano. En 1990 surgieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal, enmarcados por una legislación renovada de manera integral; en 1994 nuevas reformas propiciaron la ciudadanización del Consejo General del IFE e implantaron un vasto conjunto de normas y procedimientos para asegurar la legalidad de todo el proceso electoral.

En 1996 se produjo la última reforma integral al sistema electoral, cuyos ejes fueron la autonomía constitucional otorgada al IFE y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, dotado de plenas competencias, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.

Aunque la de 1996 fue la última reforma integral al sistema electoral, en los años siguientes el Congreso de la Unión aprobó otras adecuaciones a la ley, de las cuales cabe mencionar la que estableció reglas para impulsar la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y la que, en 2005, reglamentó el derecho de voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que fue aplicada por vez primera en la pasada elección presidencial.
Justamente, esta tercera generación de reformas electorales fue resultado de una contienda presidencial muy cerrada, por lo que, era necesario  dar respuesta a los grandes retos que enfrenta la democracia mexicana: el fortalecimiento de sus instituciones, el uso del dinero en campañas y la participación de los medios  de  comunicación.

En cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, la reforma establece que en el año de elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30% del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.

La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica, además que estableció parámetros específicos para la estimación del financiamiento público para cada partido. Como método para el cálculo mencionado se contemplan dos factores en específico: el 65 % del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, los cuales al ser multiplicados arrojan la cifra correspondiente.

De conformidad con diversos estudios en torno a los efectos de la citada reforma electoral, esta nueva fórmula representó un 7.83% de ahorro en el rubro de gasto en actividades ordinarias, en comparación a la formula que se aplicaba antes de la reforma electoral de 2007.

Sin embargo, es de gran importancia adecuar el sistema de financiamiento público para los partidos políticos y los ingresos que reciben los Consejeros Electorales, con el propósito fundamental de eficientar los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, el pasado 8 de octubre del 2009, el Diputado Federal José César Nava Vázquez, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En está iniciativa se propuso reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes. De esta manera, los partidos estarían en condiciones de recibir el apoyo de aquellos mexicanos comprometidos con sus principios y programas, al tiempo de relevar a los ciudadanos mexicanos de contribuir a los gastos de todos los partidos políticos.
La difícil situación económica por la que atraviesa el país, obliga a todos los actores políticos y sociales a realizar un esfuerzo adicional en materia de reducción de inversiones y gastos, con eficacia, eficiencia y transparencia. Hoy se hace necesario revisar las prioridades con criterios de austeridad y hacer los recortes a que haya lugar. El gobierno federal y otros actores ya han dado muestra de ello, los partidos políticos no pueden ser la excepción.

II. Objeto de la Iniciativa

La situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008 y 2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial o de capacidades o caigan en ella.

Los partidos políticos y las autoridades electorales, los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con especial apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como a establecer medidas de ahorro y eliminación de privilegios.

Es por ello que el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales para lograr un ahorro considerable en este rubro, mismo que podrá destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación y, en general, combate a la pobreza.

Para lograr esta reducción, se pretende modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.

Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan independientemente de los procesos electorales. Tales actividades comprenden el sostenimiento de sus oficinas, el pago de los emolumentos del personal que trabaja para ellos, los gastos de transporte de sus dirigentes, la impresión y publicación de material propagandístico y todo lo que normalmente realiza un partido político en periodos no electorales.

El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los Ministros, para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

En lo que se refiere a la eliminación del financiamiento local, vale la pena señalar que de acuerdo a lo que se menciona en el párrafo anterior, los partidos políticos con registro nacional reciben recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 41 constitucional, sin embargo, una vez que éstos se acreditan como tales ante las autoridades electorales locales de cada entidad federativa, también reciben los recursos especificados en el artículo 116 fracción IV inciso g). En ambos casos pueden destinarse para los gastos ordinarios permanentes, por lo que se genera un doble financiamiento.

Se estima que en los años no electorales los partidos políticos reciben del Instituto Federal Electoral alrededor de 3 mil 100 millones de pesos, mientras que en año electoral la cifra aumenta a 4 mil 500 millones de pesos.

La suma de ambos conceptos que reciben los partidos políticos en las 32 entidades federativas equivale aproximadamente a mil 600 millones de pesos, esto quiere decir que, anualmente los partidos políticos únicamente para actividades ordinarias reciben 4 mil 700 millones de pesos.

Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a las públicas, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización de los mismos, sin excepción.

Es por ello que, a la par de proponer la reducción del financiamiento público ordinario a la mitad, Acción Nacional propone la modificación de la fórmula constitucional que establece el porcentaje máximo de financiamiento público y financiamiento ordinario. Conforme al texto vigente, el financiamiento público representa el noventa por ciento de los ingresos del total de los ingresos anuales de los partidos políticos y éstos pueden recibir hasta un diez por ciento de donativos provenientes de sus simpatizantes y militantes.

En esta lógica, se propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un setenta por ciento de financiamiento público y un treinta por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.

De aprobarse esta iniciativa, los partidos políticos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados, acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.

La presente iniciativa busca ser acorde con el principio de austeridad y de ejercicio responsable de las finanzas públicas, razón por la cual se propone reformar el texto constitucional, para establecer que las retribuciones de los Consejeros Electorales será se acuerdo a lo que establece el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Es por ello compañeros senadores que el día de hoy propongo la disminución del financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales con el objeto de crear un justo y auténtico equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados.

Si bien nuestra economía comienza a mostrar signos de recuperación, debemos ser conscientes que la repercusión en cada uno de los hogares mexicanos tardará algunos meses en reflejarse, por lo que con la aprobación de la presente iniciativa propiciamos la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos.

Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se reforman el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y, el cuarto párrafo de la Base V del artículo 41, para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I…

II.…

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b)…

c)…

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al treinta por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Base III… a la Base IV…
Base V.…

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II.

Base VI…

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. …

I…

a)…

b)…

II.…

III.…

IV.…

a)… al f)…

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;

h)…


Artículo Tercero.- Se reforman la fracción I del inciso a) numeral 1, y la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 78. …

1…
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;
II.…

2… al 3…
4…

a)…

I…
II.…

b)…
c)…

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al treinta por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;
II. a la V.…

Artículo Cuarto. Se reforma el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 112. …

1.…
a)… al j)…

2.…

3. La retribución que reciban el consejero presidente y los consejeros electorales se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II de la Constitución.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local en lo que respecta al artículo segundo del proyecto de decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Atentamente,
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 10 de noviembre de 2009.

Written by albertoserdan

18 enero 2010 at 14:19