Esperanza Marchita

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¿Cómo llegamos al la 4a Asamblea?

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Buenos días a todos, hace frío pero que gusto volverlos a ver. Hoy tenemos como objetivo evaluar y discutir el funcionamiento de la Asamblea. Para ello haré un recuento que espero sea breve y haré un diagnóstico. Disculpen el inevitable carácter subjetivo.

Cómo llegamos a la IV Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA)

Llevamos tres Asambleas Nacionales y esta es la cuarta, seguimos juntos y eso es lo fundamental. En la primera llegamos a tres acuerdos mínimos:

1) Democracia directa y democracia participativa (con sus múltiples figuras como la revocación del  mandato,  plebiscito,  referéndum,  etc.)

2) Reducción del financiamiento de los partidos políticos y rendición de cuentas

3) Candidaturas Independientes.

Nos reunimos pasadas las elecciones en Guadalajara,  alrededor de 70 organizaciones. Elaboramos un documento articulador que terminó de cuajar en la tercer Asamblea en Tlaxcala, que por cierto fue toda una experiencia de improvisación exitosa. Dicho documento nos permite entender la naturaleza del movimiento, apartidista, horizontal, abierto, con reglas claras para la toma de decisiones por consenso salvo situaciones límite por votación.

El primero de septiembre acudimos a tomar protesta simbólica ante los diputados federales. Les recordamos la relación laboral que tienen con los ciudadanos, en la que los dueños de México somos los ciudadanos. Les dejamos un pliego petitorio para que iniciaran una deliberación nacional pública en torno a las reformas políticas de las que hablamos. No hubo respuesta.

Tenemos un sitio web http://www.anciudadana.org que reúne los documentos esenciales para el movimiento. Tenemos un blog de noticias y un sitio que ofrece herramientas de colaboración colectiva, el groups (grou.ps/anciudadana) que tiene hasta la fecha 211 miembros registrados. Tenemos actividad constante vía Facebook y Twitter. Y hemos celebrado cuatro reuniones virtuales para ponernos de acuerdo sobre asuntos técnicos. Cada día nos entendemos más y hasta hemos sido capaces de elaborar documentos en línea de un día para otro.

Lanzamos en Octubre una campaña de reducción al financiamiento de los partidos políticos, “¡Ya Bájenle!” que pretende sujetar el presupuesto por partido al total de votos válidos emitidos a su favor. Mediante el sitio web operado por Alianza Cívica se han emitido a la fecha,  29015 correos electrónicos a los legisladores de México exigiendo que se establezca esta política. A la fecha no lo han hecho, pero se han sumado firmas visibles como la de Lydia Cacho, Denise Dresser, Heriberto Yépez, Manuel López San Martín del universal. La acción “foco ciudadano” fue un ejemplo claro de la manera de activar a la ciudadanía, un aplauso por eso.

A principios de diciembre, el presidente Felipe Calderón lanzó un paquete de reformas políticas, entre las que se encuentran las candidaturas independientes y algunos mecanismos de democracia participativa. Se ha reconocido el origen de algunas de ellas como demandas de la sociedad civil. Sin embargo la ANCA emitió un comunicado para exigir la deliberación ciudadana de dicho paquete, con todos los actores interesados y sin acaparamiento de la decisión por parte de los partidos.

Qué cosas no nos han funcionado.

La comunicación se dispersa en varios canales virtuales. El correo de google-groups ha saturado la cuenta de muchos que se han dado de baja, el grou.ps no todos han aprendido a utilizarlo y no todos han logrado conectarse a las reuniones virtuales, además de que su sistema es rudimentario y no permite un gran número de participaciones. Hemos perdido presencia mediática en los últimos eventos, el comunicado de la ANCA respecto las reformas de Calderón fue poco difundido.

Hemos perdido comunicación con varios grupos que se interesaron en un inicio con la ANCA. No tenemos la relación que esperábamos con otros movimientos u organizaciones,  pues falta aclarar nuestra estrategia de vinculación.  Las comisiones de trabajo que alguna ves formamos han dejado de operar. No tenemos una carpeta informativa para quienes se acercan por vez primera a la ANCA y no tenemos una estrategia para sumar ciudadanos no activistas.

Las agendas locales de cada organización han complicado en varias ocasiones la atención sobre los eventos que promueve el movimiento. No tenemos aún estrategias claras de vinculación local con acciones nacionales.

El panorama parece que empeora. Seguro estaremos expuestos a escenarios más críticos cada vez. Se dificultarán las Asambleas Nacionales por la situación económica. Internet no basta para promover la protesta con propuesta.

Ante esto, qué esperar y qué hacer

Esperar, nada, me parece mal punto de partida. Para las elecciones de este año, yo no veo signos positivos para promover algo distinto al voto nulo. Si no se dan los cambios que esperamos en el ámbito político, llegaremos a un 2012 igual o en peores condiciones que el 2009. Quizá 10 millones de votos nulos.  Pero este es un debate para el día de hoy.

Ante las reformas de Calderón es evidente la negativa de los partidos a ceder poder y con retardo varios analistas coinciden en admitir el secuestro de la democracia. Tenemos este panorama a nuestro favor para volver a decir lo dicho en tiempos electorales y presionar. Pero tampoco hay que perder de vista los aplausos apresurados a estas reformas. Como ANCA podemos reiterar la exigencia de abrir una deliberación nacional, ahora más que nunca. Hay que pensar las estrategias para llamar y merecer la atención.

Creo que como ANCA debemos trazar una ruta clara no necesariamente épica y protagonista y con el compromiso básico de diálogo incondicional. Tenemos que plantearnos un esquema de operación remota, a través de lo virtual, y una estrategia práctica, económica, sumamente divertida y audaz para seguir insistiendo y sumando más allá de lo virtual.

Tenemos mucha creatividad, hay que utilizarla para para aterrizar los conceptos que manejamos en manuales tácticos donde expresemos la idea de democracia que nos ha motivado a llegar hasta aquí.

Parece ser que sólo tenemos capacidad de diálogo con cierto elenco social.

Trabajemos un discurso más práctico y simple que nos sirva para explicar que la presente crisis del sistema de representación sólo se salva con un marco legal que le reconozca a la participación ciudadana el fundamento soberano de la democracia, y que garantice un Estado que despliegue herramientas, canales e instrumentos que aseguren el  control  social  de lo público mediante la participación ciudadana.

Además de ejercer presión a la clase política mediante campañas propositivas y lúdicas, tenemos que promover con los ciudadanos el derecho de cada uno para conocer, cuestionar y proponer cuando quiera el tema público que más le afecte, preocupe o guste. Creo que estos dos caminos que se marcan claramente en la ANCA, no son para nada antagonistas sino dos vías que se acompañan y enriquecen, no discriminemos ninguna. Como ANCA nos queda un camino largo para promover la activación de fuerzas ciudadanas, estamos sembrando para otras generaciones.

La acción ciudadana es la locomotora capaz de provocar la democratización del país. Su alcance dependerá de la capacidad que generen los grupos ciudadanos activos para ofrecer soluciones éticas y viables a los problemas colectivos que todos padecemos por encima de la propia agenda o ideología. Siendo así, en la ANCA podemos establecer lazos de colaboración según la coyuntura de cada organización y hacer  campañas mediáticas de apoyo.  En Guadalajara agradecemos mucho las columnas que salieron en los medios del D.F. sobre el puente atirantado y la valiosa asistencia y apoyo que nos dieron los hermanos de Monterrey.

Hay que retomar “¡Ya Bájenle!” y darle un impulso mayor, obligar a los políticos a trabajar para ganarse su pan de cada día. Ayer ya propusieron “¡Ya Súbanle!” para presionar a invertir donde realmente se necesita.

Hay que plantearnos cómo obligar a la clase política a formular un verdadero pacto social, quizá ello deba pasar por el tema del pago de impuestos, habrá que discutir su obligatoriedad ante un gobierno pirata e informal.

De cada quién según sus capacidades y a cada quién según sus necesidades: Que cada organización pida a la ANCA apoyo específico según el tema de coyuntura local.

Provoquemos que el ciudadano de a pie se pueda sumar con acciones pequeñas que no le impliquen un gran sacrificio de entrada o no podremos sumar, activación discreta. Tenemos en nuestras manos nuestra imaginación, nuestra principal herramienta. Podemos ir desde los campamentos hasta los focos ciudadanos, desde los muros hasta los performance callejeros, las asambleas vecinales, giras de cine barriales, talleres, foros y manifestaciones en las instituciones públicas.

Estamos en la IV Asamblea con la necesidad de establecer una agenda clara de trabajo, articulación y comunicación guiados por el espíritu del artículo 39.  El voto nulo nos permitió, ante todo, reunirnos. Tengamos paciencia los unos con los otros, para escucharnos. Ánimo, a pensar el rediseño de la manera de hacer política y de la política misma. La bolita está de nuestro lado, a jugar seriamente.

Gracias.

Negro Soto Morfín

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¿Por qué excluir a los ciudadanos de la discusión sobre la reforma política?

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Ante la ausencia de la sociedad civil en la convocatoria y en los foros de discusión sobre la Reforma Política en el Senado de la República celebrados los días 25 y 26 de enero de 2010, ciudadanos organizados por la Reforma Política Ciudadana, expresamos:


Banner Ya Bajenle

México, D.F., 25 de enero de 2010

COMUNICADO DE PRENSA

El día de hoy iniciaron los foros de discusión sobre la Reforma Política en el Senado de la República.

Ante la ausencia de la sociedad civil en la convocatoria, ciudadanos organizados por la Reforma Política Ciudadana informamos que:

1.- Es indispensable que los políticos den una señal de que están dispuestos a gobernar para los ciudadanos y no para sí mismos. Por ello exigimos que se modifique el artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento público a los partidos se calcule multiplicando el número total de votos válidos emitidos para un partido o coalición en la elección inmediata anterior en lugar del “número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral”, como dice actualmente.

2.- Urge incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, que se sometan a las mismas reglas de adquisiciones que quienes reciben dinero público ya que hoy en día no tienen que concursar ni licitar ninguna compra.

3.- Tanto el poder legislativo como los gobiernos estatales y municipales deben rendir cuentas del ejercicio de los recursos públicos y de los resultados que tiene su desempeño como autoridades. Hoy en día es imposible conocer en qué y cómo gastan. La reelección es sin duda un incentivo para que cumplan sus compromisos y administren con cautela, pero requerimos mecanismos reales que nos permitan conocer esa información para evaluarlos antes de premiarlos.

Finalmente, preguntamos a los Senadores ¿porqué excluir a los ciudadanos de la discusión? ¿cómo pretenden hacer una reforma ciudadana sin ciudadanos? Es lamentable que en estas discusiones se hable en nombre de la ciudadanía pero no se le convoque a dialogar y a presentar sus propuestas.

Responsables: Maité Azuela, Alberto Serdán y Andrés Lajous.

Boletín de prensa en formato pdf

Iniciativa del diputado Nava para reducir financiamiento a partidos

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Para seguir documentando el proceso que nos llevará a dismunir el financiamiento público a los partidos políticos en México a principios de 2010, a partir del impulso de la campaña “¡Ya bájenle! Menos dinero a los partidos”, presentamos la iniciativa del diputado César Nava (PAN), presentada el 9 de octubre de 2009.

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CÉSAR NAVA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Quien suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto decreto que reforma el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y el cuarto párrafo de la Base V del artículo 4,1 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 y, el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes.

En materia electoral, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevaron a cabo una serie de reformas que en su momento tuvieron como objetivo responder a los cambios que vivía el sistema político mexicano. En este tenor, las modificaciones buscaron generar paulatinamente un sistema de partidos competitivo, abierto y democrático. Tal es el caso de las Reformas de 1964, 1977, 1987, 1990 y 1993.

En 1996, la legislación electoral volvió a reformarse para introducir por primera vez una serie de conceptos inéditos en materia de financiamiento público para los partidos políticos. La reforma estableció una suma anual para cada uno de ellos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual en el año de la elección federal marcando límites en el financiamiento público y priorizándolo sobre el privado. De esta forma se buscó generar las condiciones necesarias para el desarrollo de un sistema multipartidista que fuera capaz de representar a todas y cada una de las expresiones ideológicas, políticas, sociales y culturales que existen en nuestro país.

Sin embargo, al paso del tiempo fue necesario hacer una valoración sobre los alcances de la reforma de 1996, como resultado de la reciente alternancia política y la apertura en el sistema de partidos.

El cambio de un sistema de partido hegemónico a un sistema multipartidista competitivo, generó una espiral creciente de gastos en materia electoral, los cuales buscaban garantizar la competencia justa y equitativa entre los actores involucrados, haciendo de la democracia mexicana una de las más caras del mundo. Es por ello que, gran parte de los argumentos que pedían modificaciones a la Ley, planteaban la necesidad de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña, así como fortalecer las atribuciones de las autoridades electorales.

En ese tenor y después de una serie de debates y discusiones en la materia, en el 2007 el Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma constitucional sustentada en tres ejes primordiales:

1. La disminución en forma significativa en el gasto de las campañas electorales;

2. El fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales; y

3. El diseño de un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos políticos.

De estos ejes y en específico en lo que concierne al financiamiento de los partidos políticos, se derivaron propuestas medulares entre las que destaca el planteamiento de un nuevo método de cálculo para el financiamiento público de actividades ordinarias de los partidos políticos, la reducción del recurso público que se destina a las campañas electorales, y el establecimiento de límites menores para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos.

En cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, la reforma establece que en el año de elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30% del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.

La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica, además que estableció parámetros específicos para la estimación del financiamiento público para cada partido. Como método para el cálculo mencionado se contemplan dos factores en específico: el 65 % del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, los cuales al ser multiplicados arrojan la cifra correspondiente.

De conformidad con diversos estudios en torno a los efectos de la citada reforma electoral, esta nueva fórmula representó un 7.83% de ahorro en el rubro de gasto en actividades ordinarias, en comparación a la formula que se aplicaba antes de la reforma electoral de 2007.

II. Objeto de la Iniciativa

La situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008 y 2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial o de capacidades o caigan en ella.

Si bien todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en la medida de nuestra capacidad de ingreso y de gasto para el sostenimiento de los programas de combate a la pobreza, son los partidos políticos y las autoridades electorales, los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con especial apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como a establecer medidas de ahorro y eliminación de privilegios.

Es por ello que el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales para lograr un ahorro considerable en este rubro, mismo que podrá destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación y, en general, combate a la pobreza.

Para lograr esta reducción, se pretende modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.

Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan independientemente de los procesos electorales. Tales actividades comprenden el sostenimiento de sus oficinas, el pago de los emolumentos del personal que trabaja para ellos, los gastos de transporte de sus dirigentes, la impresión y publicación de material propagandístico y todo lo que normalmente realiza un partido político en periodos no electorales.

Como parte de las modificaciones planteadas en esta iniciativa, en sintonía con el principio de austeridad y de ejercicio responsable de las finanzas públicas, se propone modificar el esquema de retribuciones de los Consejeros Electorales. El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los Ministros, para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

En lo que se refiere a la eliminación del financiamiento local, vale la pena señalar que de acuerdo a lo que se menciona en el párrafo anterior, los partidos políticos con registro nacional reciben recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 41 constitucional, sin embargo, una vez que éstos se acreditan como tales ante las autoridades electorales locales de cada entidad federativa, también reciben los recursos especificados en el artículo 116 fracción IV inciso g). En ambos casos pueden destinarse para los gastos ordinarios permanentes, por lo que se genera un doble financiamiento.

Se estima que en los años no electorales los partidos políticos reciben del Instituto Federal Electoral alrededor de 3 mil 100 millones de pesos, mientras que en año electoral la cifra aumenta a 4 mil 500 millones de pesos.

La suma de ambos conceptos que reciben los partidos políticos en las 32 entidades federativas equivale aproximadamente a mil 600 millones de pesos, esto quiere decir que, anualmente los partidos políticos únicamente para actividades ordinarias reciben 4 mil 700 millones de pesos.

Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a las públicas, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización de los mismos, sin excepción.

Es por ello que, a la par de proponer la reducción del financiamiento público ordinario a la mitad, Acción Nacional propone la modificación de la fórmula constitucional que establece el porcentaje máximo de financiamiento público y financiamiento ordinario. Conforme al texto vigente, el financiamiento público representa el noventa por ciento de los ingresos del total de los ingresos anuales de los partidos políticos y éstos pueden recibir hasta un diez por ciento de donativos provenientes de sus simpatizantes y militantes.

En la presente iniciativa se propone reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes. De esta manera, los partidos estarían en condiciones de recibir el apoyo de aquellos mexicanos comprometidos con sus principios y programas, al tiempo de relevar a los ciudadanos mexicanos de contribuir a los gastos de todos los partidos políticos.

En esta lógica, se propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un setenta por ciento de financiamiento público y un treinta por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.

De aprobarse esta iniciativa, los partidos políticos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.

Los mexicanos esperan que dejemos de lado nuestras diferencias partidistas y que pongamos por encima de cualquier consideración el bien de todos, especialmente de quienes menos tienen.

Confiamos en que encontraremos en este Honorable Congreso de la Unión el espacio propicio para el diálogo y el acuerdo que propicien la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos.

Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y el cuarto párrafo de la Base V del artículo 4,1 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 y, el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero.- Se reforman el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y, el cuarto párrafo de la Base V del artículo 41, para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I. …

II. …

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) …

c) …

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al treinta por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Base III… a la Base IV…

Base V. …

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II.

Base VI…

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. …

I. …

a) …

b) …

II. …

III. …

IV. …

a) … al f) …

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;

h) …

Artículo Tercero.- Se reforman la fracción I del inciso a) numeral 1, y la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 78. …

1…

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;

II. …

2… al 3…

4…

a) …

I. …

II. …

b) …

c) …

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al treinta por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;

II. a la V. …

Artículo 4. Se reforma el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 112. …

1. …

a) … al j)…

2. …

3. La retribución que reciban el consejero presidente y los consejeros electorales se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II de la Constitución.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local en lo que respecta al artículo segundo del proyecto de decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día ocho de octubre del año dos mil nueve.

Diputado José César Nava Vázquez (rúbrica)

Written by albertoserdan

1 diciembre 2009 at 12:58

De las cuentas que nos debe rendir el Congreso después del PEF 2010

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Andrés Lajous, integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana, habla de las cuentas que deben rendir el Congreso y los políticos a los ciudadanos después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

Fuente: Canal de Javier Solórzano en YouTube.com.

Written by albertoserdan

20 noviembre 2009 at 10:08

Punto de acuerdo del PT sobre #yabajenle

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Gracias a @lapizlazuli, compartimos este documento del diputado del PT Jaime Cárdenas para que los partidos asuman el compromiso de reformar la Constitución para modificar el criterio para calcular el financiamiento que reciben. Fue publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2009.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A DISMINUIR VOLUNTARIAMENTE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y A ASUMIR EL COMPROMISO DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN A FIN DE MODIFICAR EL CRITERIO PARA CALCULAR EL QUE RECIBEN, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

 

El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se someta a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La labor más importante de quien ostenta un cargo de elección popular es representar a los ciudadanos y a la sociedad, por lo tanto, hago mío los múltiples reclamos que me ha hecho llegar Alianza Cívica, AC, con respecto a la reducción del financiamiento público de los partidos políticos.

El financiamiento de partidos, abarca todos los ingresos de los partidos políticos, ya sean provenientes de la iniciativa privada y del presupuesto público. El financiamiento público a los partidos políticos salta a la luz, sobre todo en crisis económicas como la que atraviesa México en la actualidad. Resulta excesivo y desproporcionado el precepto constitucional que establece que el financiamiento público a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Resulta desproporcionado y excesivo, ya que una parte considerable de ese presupuesto, puede utilizarse para hacer frente a situaciones de mayor urgencia, como lo son el apoyo a la salud, educación, alimentación, entre otras.

El criterio para determinar el financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias no debe ser la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón el electoral por el 75 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Consideramos que el criterio debe ser otro. El criterio que debe seguirse como base es el siguiente: en lugar de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, debe tomarse en cuenta el número total de los votos efectivos en la pasada elección, es decir, descontando los votos nulos.

La fracción 1 del artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos son entidades de interés público. En la fracción II del citado artículo se dispone lo siguiente:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. …

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter especifico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la federación.

De lo anterior se desprende una clasificación del financiamiento público en cuanto a su fin, es decir, el financiamiento público se divide en tres tipos: el destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. La Constitución precisa los alcances de cada tipo de financiamiento, así como su distribución. Como ya expusimos con anterioridad el financiamiento público, resulta excesivo y se aleja en demasía de la austeridad republicana que debe buscarse en el presente.

En teoría el apoyo público debería capacitar a los partidos a realizar mejor sus tareas, también en los períodos que se encuentran entre las campañas electorales, hecho que lamentablemente no ocurre. Por otra parte, existe la prueba empírica que en todas las democracias occidentales los partidos más grandes se benefician de manera desproporcionada de los financiamientos públicos, es decir, los partidos mayoritarios son los más beneficiados, mientras que los partidos minoritarios resultan perjudicados.

De la desproporción en los financiamientos públicos surgen varios problemas. Uno considerable es la “interpretación económica de la democracia, según la cual ésta se caracteriza por la existencia de un mercado político al lado del económico, y en el que se da, en relación entre electores y elegidos –que es propia de la democracia representativa–, un continuo intercambio de dos mercancías: el apoyo, en su forma de voto de parte de los electores, y diversos beneficios, patrimoniales o de status, de parte de los elegidos.”1 Es decir, el principio democrático plasmado en la Constitución se mercantiliza, lo cual genera un círculo vicioso, ya que todo se vuelve un intercambio; sin el voto no hay apoyo de los elegidos y sin el apoyo de los elegidos se niega el voto, lo cual niega implícitamente que existe un deber del elector y del elegido más allá de los intercambios políticos. Los gobernados, pero sobre todo los gobernantes, deben regirse bajo la máxima kantiana “el deber por el deber”, en vez de buscar el intercambio político desmedido.

Además del privilegio partidista, es decir, la protección, asegurada constitucional y políticamente de los partidos políticos, ya que tienen el monopolio en el registro de candidatos, lo cual ha motivado a que determinados casos lleguen a instancias internacionales, existe un financiamiento público desacorde con la realidad económica y social del país.

Es importante mencionar que los partidos políticos no se encontraban en la concepción originaria de la democracia. Sin embargo, en la actualidad “la formación y el constante crecimiento de los partidos los ha llevado a interponerse –por inercia, y no por la mala intención de uno u otro grupo ávido de poder– entre el cuerpo electoral y el parlamento y, más en general, entre el titular de la soberanía y aquellos que de hecho deberían ejercer la soberanía. Esto terminó por truncar la relación directa entre electores y elegidos, creando dos relaciones distintas: la primera entre los electores y el partido, la segunda entre el partido y los elegidos, lo que torna cada vez más volátil la relación originaria y característica del Estado representativo entre el que emite el mandato y el mandatario.”2 Aunado a lo anterior, el financiamiento público desmedido causa perjuicio al derecho de los ciudadanos de participar en la democracia de manera más activa. Los partidos pierden contacto con su militancia y simpatizantes, y consecuentemente, los ciudadanos no participan en la deliberación de asuntos trascendentes.

No existe una fórmula de financiamiento público perfecto, sin embargo, es nuestro deber buscar la democratización constante del país, ya que así se dispone en la Constitución. Es nuestro deber buscar el bienestar del pueblo mexicano, consecuentemente, resulta necesario pugnar por la reducción voluntaria del financiamiento público a los partidos políticos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los partidos políticos a reducir de manera voluntaria el financiamiento público.

Segundo. Se exhorta a los partidos políticos a asumir el compromiso de reformar la el artículo 41 constitucional con la finalidad de cambiar el criterio para calcular el financiamiento público de los partidos políticos, cambiando dicho criterio para que en lugar de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se tome en cuenta el número total de los votos recibidos por cada partido en la pasada elección.

Notas
1. Bobbio, Norberto. El Filósofo y la Política, FCE, México, 1996, página 278.
2. Ídem. Página 291.

México, DF, a 18 de noviembre de 2009.

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)

Written by albertoserdan

18 noviembre 2009 at 22:40

Declaratoria de la ANCA

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Declaración de la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA)

De la protesta a la propuesta

México, 1 de septiembre de 2009

A la Ciudadanía Soberana de México

A la Cámara de Diputados

A todos los poderes constituidos

Estamos aquí al amparo del artículo 39 constitucional que dice:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Quienes integramos la Asamblea Nacional Ciudadana somos una parte de los grupos civiles y personas que llamaron a anular intencionalmente el voto durante las pasadas elecciones federales. La protesta nació del deseo de vivir en una comunidad justa, equitativa y solidaria. El pasado 5 de julio de 2009, casi dos millones de personas manifestamos en las urnas nuestra profunda insatisfacción con el actual sistema político y de gobierno.

Hemos deliberado en tres reuniones nacionales; hemos decidido ejercer nuestro poder ciudadano y participar en la transformación de México para hacer realidad el anhelo democrático y poner en el centro de toda representación política y toda acción de los gobiernos, a la ciudadanía, sus derechos, sus aspiraciones y sus necesidades.

Hay muchos motivos para nuestro descontento. Nos activamos porque nos preocupa la degradación de la calidad de vida, del patrimonio público y de nuestros ecosistemas; nos preocupa la disminución del bienestar, el aumento de la pobreza y la desigualdad. Nos activamos porque aún cuando sabemos que la mala calidad de la educación es uno de los problemas más graves del país, la inversión sigue sin ser suficiente y su gestión está en las manos más sucias y poderosas. Nos activamos porque nos desespera la corrupción, la impunidad y la inseguridad en las calles. También por la excesiva cantidad de recursos públicos que reciben y derrochan los partidos políticos y por el monopolio que las clases gobernantes tienen en la gestión de lo público.

Al anular nuestro voto expresamos nuestro anhelo por una democracia con transparencia, rendición de cuentas, vigilancia social y participación ciudadana. La democracia consiste en la participación de todos en la toma de decisiones y se debe ejercer todos los días y en todos los lugares donde esté en juego el interés público; implica desde la vigilancia y el control del gasto público y, si es necesario, la sustitución de los gobernantes que hacen un uso deshonesto del erario; los ciudadanos debemos adquirir un mayor control para decidir la dirección del gasto público.

A la sociedad mexicana, a quienes votaron por un partido, se abstuvieron o anularon su voto, le comunicamos que la activación continuará hasta que los poderes constituidos (federales, estatales y municipales) sean elegidos con reglas democráticas que terminen de una vez por todas con la partidocracia, se comporten como manda la ley y se construyan los canales legales necesarios para garantizar la evaluación y el diseño de buenas políticas públicas que nos beneficien a todos. Vigilaremos que el comportamiento de los funcionarios públicos sea apegado al marco legal y que su actuación sea honesta y eficiente en su desempeño público. Queremos evitar que sigan privilegiando en sus decisiones a los poderes de la economía, de los medios de comunicación masiva, de la burocracia sindical, de los cacicazgos regionales, entre otros, que no fueron elegidos democráticamente. En una democracia, o cabemos todos o no cabe nadie.

En el entendido de que los ciudadanos tenemos que aprender a asumirnos como mandantes y corresponsables en la conducción del país, convocamos en primer lugar a la sociedad mexicana a unirse a esta deliberación nacional.

La Asamblea Nacional Ciudadana abrirá hoy, 1 de septiembre, mesas de discusión y debate público frente al Palacio Legislativo en esta jornada en que los nuevos diputados federales instalan el primer período de sesiones de su Legislatura.

Exigimos a la Cámara de Diputados abrir espacios para escuchar, debatir y asumir las propuestas que emanen de todos los ámbitos de la sociedad mexicana, no sólo de los partidos políticos. No aceptaremos que nos vean la cara ni que nos den atole con el dedo.

Demandamos a la Cámara de Diputados abrir las deliberaciones en torno a las siguientes propuestas:

1. Instaurar mecanismos de democracia directa efectiva: Valor jurídico del voto nulo y abstención, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación del mandato, consultas ciudadanas y mejorar y, en su caso, establecer mecanismos efectivos de vigilancia y de participación ciudadana.

2. Reducir el financiamiento de los partidos y garantizar su transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; y eliminar privilegios de representantes y funcionarios públicos.

3. Instaurar las candidaturas ciudadanas.

Estos son puntos de partida mínimos para corregir las fallas de nuestro sistema político; pero muchas otras cosas tienen que cambiar. Este es el inicio de nuestra activación, sólo el inicio pues nos hace falta democracia para ser el país que necesitamos y merecemos. En ella debemos incentivar y enseñar comportamientos democráticos, de civilidad y cooperación entre mexicanos.

Por la falta absoluta de confianza, ayer los anulamos y a partir de hoy los observaremos, vigilaremos y por supuesto, les propondremos y exigiremos. Lejos están de aquello que soñó Morelos cuando escribió:

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

Los ciudadanos necesitamos aprender a vivir en un ambiente democrático, pero no podemos alcanzarlo si no tenemos un marco legal que lo asegure. Los tiempos de los monólogos y el autoritarismo deben quedar atrás. Necesitamos una democracia flexible que, lejos de beneficiar a los poderosos, nos ayude a los mexicanos comunes a llevar las riendas de nuestro país. Vamos a construir una democracia en la que participemos todos.

– o0o –


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(Firmas al corte del 3 de septiembre de 2009 a las 11:30 p.m.)