Esperanza Marchita

Este es el Blog Oficial donde encontrarás información sobre mi candidatura

Archive for the ‘Cámara de Senadores’ Category

Los ausentes en el Senado

leave a comment »

Alberto Serdán Rosales, secretario técnico de Propuesta Cívica escribió en el blog Nexos en línea, esta interesante reflexión de la ausencia de representantes de la sociedad civil organizada en el recién concluido debate en el Senado de la República en torno a la reforma electoral necesaria para México. A continuación presentamos su contribución al debate.

Los ausentes en el Senado

Concluyó un foro más de discusión sobre la Reforma Política con la ausencia de organizaciones de la sociedad civil en su convocatoria y deliberaciones. Académicos, “expertos”, legisladores, líderes de partidos y gobernadores se dieron cita en un seminario en el Senado de la República en el que no se permitieron preguntas ni respuestas del público asistente. Los datos fueron sustituidos por adjetivos y especulaciones. A su vez, las necesidades de la ciudadanía fueron interpretadas en alusiones vagas y, en algunos casos, con palabras cargadas de demagogia y cinismo. Entre los participantes muy pocos se percataron de que la voz ciudadana no tuvo espacio.

El “Seminario de Análisis” de la Reforma Política arrancó con 24 sillas en un largo presidium y ninguna se destinó para la sociedad civil. Así se dio la bienvenida al “gran diálogo nacional” en la que “los invitados tienen mucho que decir”. Los ausentes no. En su lugar, durante 432 ocasiones las y los oradores dijeron palabras como “ciudadano/as”, “ciudadanía”, “ciudadanizar”, “cívico/a”. De estas palabras, 72 por ciento fueron mencionadas en las mesas en las que participaron los políticos, el 28 por ciento restante en las mesas donde participaron los “expertos”. La palabra “político/as” las duplica con 973 veces. En las versiones estenográficas, “sociedad civil” sólo apareció 13 veces (la mayoría en sólo dos discursos); en tanto que la palabra “aplausos”, 83.

El distanciamiento con la ciudadanía fue considerable. Mientras que buena parte de la clase política piensa en acuerdos, hay voces ciudadanas que piensan en la reducción del financiamiento público a los partidos (sólo dos ponentes hicieron una alusión marginal al tema), su transparencia y rendición de cuentas; en mecanismos de democracia directa, en el plebiscito, referéndum, la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo; así como en las candidaturas ciudadanas -las cuales fueron desechadas por la mayoría de los expositores por “peligrosas”- y la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular. En suma, unos piensan en mantener las cosas prácticamente como están, otros en generar un contexto de competencia, exigencia, rendición de cuentas a los partidos.

Como apuntó Diego Valadés en su ponencia, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance. Es cierto, no puede existir lo segundo sin lo primero; pero no puede aceptarse que en aras de mejorar la capacidad de generar acuerdos, se excluya a la ciudadanía.

Que se incluyan voces ciudadanas debe ser natural en espacios como el Senado, no a petición. El Seminario en el Senado tuvo el mismo formato, los mismos discursos, los mismos ponentes, los mismos políticos y las mismas propuestas de siempre. “Estamos a favor de la participación ciudadana que no desequilibre los poderes constituidos”, sentenció la representante de Nueva Alianza. “No hagamos a los otros, lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos”, añadiría Fidel Herrera un día después. Se entendió el mensaje.

Por su parte, el monólogo colectivo se llenó de adjetivos. Muy pocos datos, evidencias. Nada sobre grupos de enfoque, encuestas (sólo una ponencia hizo uso de ellas), análisis comparados (sólo tres ponencias las emplearon), relaciones estadísticas, ya no digamos sistematizaciones puntuales, relaciones causa-efecto, análisis sociológicos o antropológicos de tipo alguno que sostuvieran los argumentos. Algo que explicaran, basándose en evidencias y no suposiciones o anécdotas aisladas, sobre los límites, consecuencias intencionadas y no intencionadas del decálogo de Calderón. Lo resumió muy bien Carlos Elizondo Mayer-Serra: la ciencia política es lo más alejado de una ciencia exacta cuando se discuten reformas como éstas. Se notó.

La misma propuesta presidencial no ayuda. En ese sentido la argumentación de Diego Valadés fue ilustrativa: “¿Por qué se estimó que es mejor reducir en 100 el número de diputados, y no en 75 ó en 150?, por ejemplo. ¿Cómo se escogió la cifra mágica propuesta? ¿Se hizo algún estudio que se mantiene en secreto? ¿O no se hizo estudio alguno? Ambas cosas serían desconcertantes”.

El senador Manlio Fabio Beltrones despidió el Seminario “con un buen sabor de boca”. Dijo que “tenemos ya materia prima, ahora hay que construir”. El desdén por la ciudadanía y por las evidencias es notable. Sin escuchar a la primera y al obviar la segunda, el senador se declara listo para diseñar la arquitectura política del país. Nada nuevo cuando los intereses personales y de grupo están de por medio. No obstante, luego de solicitudes formales por escrito, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, prometió considerarlas en comisiones dictaminadoras y abrir espacios porque “a las senadoras y senadores nos interesa por supuesto saber lo que la sociedad piensa de su forma de Gobierno”. Ojalá así sea.

En cualquier caso, es importante apuntalar la idea de crear una reforma ciudadana para refundar la democracia. Una reforma que atienda las preocupaciones trazadas por diversos grupos y personalidades ante la descomposición de la vida pública de México y el déficit de representación de nuestra clase política (incluso reconocida por varios de los ponentes). En esa tarea será importante promover un acuerdo de entendimiento entre la izquierda y la derecha cívicas para avanzar en reformas que empoderen a la ciudadanía, abran espacios para su participación, rompan con el monopolio de los partidos y los obliguen a mejorar: todo aquello que los ausentes no pudieron decir en el Seminario pero que se las ingeniarán para que su voz sea escuchada en el futuro. Aunque no les guste.

Alberto Serdán Rosales. Secretario Técnico de Propuesta Cívica, A. C.

¿Por qué excluir a los ciudadanos de la discusión sobre la reforma política?

with one comment

Ante la ausencia de la sociedad civil en la convocatoria y en los foros de discusión sobre la Reforma Política en el Senado de la República celebrados los días 25 y 26 de enero de 2010, ciudadanos organizados por la Reforma Política Ciudadana, expresamos:


Banner Ya Bajenle

México, D.F., 25 de enero de 2010

COMUNICADO DE PRENSA

El día de hoy iniciaron los foros de discusión sobre la Reforma Política en el Senado de la República.

Ante la ausencia de la sociedad civil en la convocatoria, ciudadanos organizados por la Reforma Política Ciudadana informamos que:

1.- Es indispensable que los políticos den una señal de que están dispuestos a gobernar para los ciudadanos y no para sí mismos. Por ello exigimos que se modifique el artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento público a los partidos se calcule multiplicando el número total de votos válidos emitidos para un partido o coalición en la elección inmediata anterior en lugar del “número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral”, como dice actualmente.

2.- Urge incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, que se sometan a las mismas reglas de adquisiciones que quienes reciben dinero público ya que hoy en día no tienen que concursar ni licitar ninguna compra.

3.- Tanto el poder legislativo como los gobiernos estatales y municipales deben rendir cuentas del ejercicio de los recursos públicos y de los resultados que tiene su desempeño como autoridades. Hoy en día es imposible conocer en qué y cómo gastan. La reelección es sin duda un incentivo para que cumplan sus compromisos y administren con cautela, pero requerimos mecanismos reales que nos permitan conocer esa información para evaluarlos antes de premiarlos.

Finalmente, preguntamos a los Senadores ¿porqué excluir a los ciudadanos de la discusión? ¿cómo pretenden hacer una reforma ciudadana sin ciudadanos? Es lamentable que en estas discusiones se hable en nombre de la ciudadanía pero no se le convoque a dialogar y a presentar sus propuestas.

Responsables: Maité Azuela, Alberto Serdán y Andrés Lajous.

Boletín de prensa en formato pdf

La ANCA ante la reforma política

leave a comment »

Alberto Serdán Rosales, Secretario Técnico de Propuesta Cívica, discute el papel de la Asamblea Nacional Ciudadana en el proceso de reforma política que está por ser discutida en el Congreso de la Unión. Se transcribe su colaboración, publicada en el blog de Reforma, Desde el Congreso. Espacio del e-lector, el 19 de enero de 2010.

La ANCA ante la reforma política

Por Alberto Serdán

Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.

Entre las características de la promoción del voto nulo en 2009 se encontró el hartazgo de una disociación entre el mundo que toma decisiones –cotidianamente llamada clase política– y el de una mayoría espectadora de la descomposición de esa clase dominada por cuotas e intereses particulares y partidistas. De fondo, la incapacidad de esta clase para garantizar el ejercicio de derechos (tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales), así como de mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos en un marco de transparencia y rendición de cuentas, de igualdad sustantiva, democracia sustantiva y un estado democrático de derecho.

En este contexto, grupos que promovieron el voto nulo (como “Esperanza Marchita”, “Para políticos nulos, votos nulos”, “Vota por Papanatas”, “Voto Blanco” y “Tache a Todos” –por citar sólo algunos) conformaron la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) y pasaron de la protesta a una propuesta mínima de tres ejes básicos: i) el establecimiento de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa ciudadana y el valor jurídico del voto nulo; ii) el establecimiento de las candidaturas independientes y; iii) la reducción del financiamiento de los partidos, su transparencia y rendición de cuentas.

De manera activa, en los últimos meses la ANCA promovió la campaña ¡Ya Bájenle! que se propuso modificar la fórmula para el cálculo del dinero que se entrega a los partidos políticos, con el propósito de que sean los votos válidos, y no el padrón electoral, lo que determine su financiamiento. En este sentido, hay en puerta una iniciativa de reforma constitucional pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores –también en la de Diputados y el resto de los Congresos Estatales– por lo que las movilizaciones (incluyendo en Twitter y Facebook) continuarán hasta lograr este objetivo.

En tanto, el próximo 30 y 31 de enero la ANCA llevará a cabo su 4a Asamblea en Monterrey, Nuevo León, donde se discutirá, además de los tres ejes, su postura respecto de los próximos procesos electorales en 2010, así como las propuestas que no fueron retomadas en la reforma política presentada por Felipe Calderón. Asimismo se debatirá la posición de la ANCA respecto de la reelección y, lo más importante, se definirán estrategias para lograr que la ciudadanía, efectivamente, forme parte de todas estas discusiones y no se quede al margen.

En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana. No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la ANCA que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.


Iniciativa del senador José González Morfín para reducir financiamiento a los partidos políticos

leave a comment »

Ahora que se acerca el inicio de sesiones del nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, recuperamos esta iniciativa del senador José González Morfín que propone de manera similar al diputado César Nava (también del PAN), con el fin de no olvidar el tema de la urgente necesidad de disminuir el financiamiento público de los  partidos políticos en México.

Iniciativas de Ciudadanos Senadores
Del Sen. José González Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Documento en Tramite

Sinopsis:

Propone modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva
del Senado de la República,
Presentes.

José González Morfín, Senador de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 y 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Antecedentes.

La reforma electoral en México del 2007 dio paso a una “tercera generación de reformas electorales”. Entre 1977 y 1986 el sistema electoral mexicano vivió la primera generación de reformas, cuyo sentido fundamental fue la incorporación de nuevas fuerzas o expresiones políticas a la vida legal y la competencia electoral, ampliándose para tal fin los espacios de la representación nacional tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como en los congresos estatales y los ayuntamientos.

De 1989 a 1996 una segunda generación de reformas transformó de raíz las instituciones que conforman el sistema electoral mexicano. En 1990 surgieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral Federal, enmarcados por una legislación renovada de manera integral; en 1994 nuevas reformas propiciaron la ciudadanización del Consejo General del IFE e implantaron un vasto conjunto de normas y procedimientos para asegurar la legalidad de todo el proceso electoral.

En 1996 se produjo la última reforma integral al sistema electoral, cuyos ejes fueron la autonomía constitucional otorgada al IFE y la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano especializado y máxima autoridad jurisdiccional en la materia, dotado de plenas competencias, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.

Aunque la de 1996 fue la última reforma integral al sistema electoral, en los años siguientes el Congreso de la Unión aprobó otras adecuaciones a la ley, de las cuales cabe mencionar la que estableció reglas para impulsar la equidad de género en las candidaturas a cargos de elección popular y la que, en 2005, reglamentó el derecho de voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, que fue aplicada por vez primera en la pasada elección presidencial.
Justamente, esta tercera generación de reformas electorales fue resultado de una contienda presidencial muy cerrada, por lo que, era necesario  dar respuesta a los grandes retos que enfrenta la democracia mexicana: el fortalecimiento de sus instituciones, el uso del dinero en campañas y la participación de los medios  de  comunicación.

En cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, la reforma establece que en el año de elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30% del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.

La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica, además que estableció parámetros específicos para la estimación del financiamiento público para cada partido. Como método para el cálculo mencionado se contemplan dos factores en específico: el 65 % del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, los cuales al ser multiplicados arrojan la cifra correspondiente.

De conformidad con diversos estudios en torno a los efectos de la citada reforma electoral, esta nueva fórmula representó un 7.83% de ahorro en el rubro de gasto en actividades ordinarias, en comparación a la formula que se aplicaba antes de la reforma electoral de 2007.

Sin embargo, es de gran importancia adecuar el sistema de financiamiento público para los partidos políticos y los ingresos que reciben los Consejeros Electorales, con el propósito fundamental de eficientar los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, el pasado 8 de octubre del 2009, el Diputado Federal José César Nava Vázquez, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En está iniciativa se propuso reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes. De esta manera, los partidos estarían en condiciones de recibir el apoyo de aquellos mexicanos comprometidos con sus principios y programas, al tiempo de relevar a los ciudadanos mexicanos de contribuir a los gastos de todos los partidos políticos.
La difícil situación económica por la que atraviesa el país, obliga a todos los actores políticos y sociales a realizar un esfuerzo adicional en materia de reducción de inversiones y gastos, con eficacia, eficiencia y transparencia. Hoy se hace necesario revisar las prioridades con criterios de austeridad y hacer los recortes a que haya lugar. El gobierno federal y otros actores ya han dado muestra de ello, los partidos políticos no pueden ser la excepción.

II. Objeto de la Iniciativa

La situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008 y 2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial o de capacidades o caigan en ella.

Los partidos políticos y las autoridades electorales, los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con especial apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como a establecer medidas de ahorro y eliminación de privilegios.

Es por ello que el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales para lograr un ahorro considerable en este rubro, mismo que podrá destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación y, en general, combate a la pobreza.

Para lograr esta reducción, se pretende modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.

Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan independientemente de los procesos electorales. Tales actividades comprenden el sostenimiento de sus oficinas, el pago de los emolumentos del personal que trabaja para ellos, los gastos de transporte de sus dirigentes, la impresión y publicación de material propagandístico y todo lo que normalmente realiza un partido político en periodos no electorales.

El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los Ministros, para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

En lo que se refiere a la eliminación del financiamiento local, vale la pena señalar que de acuerdo a lo que se menciona en el párrafo anterior, los partidos políticos con registro nacional reciben recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 41 constitucional, sin embargo, una vez que éstos se acreditan como tales ante las autoridades electorales locales de cada entidad federativa, también reciben los recursos especificados en el artículo 116 fracción IV inciso g). En ambos casos pueden destinarse para los gastos ordinarios permanentes, por lo que se genera un doble financiamiento.

Se estima que en los años no electorales los partidos políticos reciben del Instituto Federal Electoral alrededor de 3 mil 100 millones de pesos, mientras que en año electoral la cifra aumenta a 4 mil 500 millones de pesos.

La suma de ambos conceptos que reciben los partidos políticos en las 32 entidades federativas equivale aproximadamente a mil 600 millones de pesos, esto quiere decir que, anualmente los partidos políticos únicamente para actividades ordinarias reciben 4 mil 700 millones de pesos.

Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a las públicas, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización de los mismos, sin excepción.

Es por ello que, a la par de proponer la reducción del financiamiento público ordinario a la mitad, Acción Nacional propone la modificación de la fórmula constitucional que establece el porcentaje máximo de financiamiento público y financiamiento ordinario. Conforme al texto vigente, el financiamiento público representa el noventa por ciento de los ingresos del total de los ingresos anuales de los partidos políticos y éstos pueden recibir hasta un diez por ciento de donativos provenientes de sus simpatizantes y militantes.

En esta lógica, se propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un setenta por ciento de financiamiento público y un treinta por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.

De aprobarse esta iniciativa, los partidos políticos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados, acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.

La presente iniciativa busca ser acorde con el principio de austeridad y de ejercicio responsable de las finanzas públicas, razón por la cual se propone reformar el texto constitucional, para establecer que las retribuciones de los Consejeros Electorales será se acuerdo a lo que establece el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Es por ello compañeros senadores que el día de hoy propongo la disminución del financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales con el objeto de crear un justo y auténtico equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados.

Si bien nuestra economía comienza a mostrar signos de recuperación, debemos ser conscientes que la repercusión en cada uno de los hogares mexicanos tardará algunos meses en reflejarse, por lo que con la aprobación de la presente iniciativa propiciamos la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos.

Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se reforman el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y, el cuarto párrafo de la Base V del artículo 41, para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I…

II.…

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b)…

c)…

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al treinta por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Base III… a la Base IV…
Base V.…

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II.

Base VI…

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. …

I…

a)…

b)…

II.…

III.…

IV.…

a)… al f)…

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;

h)…


Artículo Tercero.- Se reforman la fracción I del inciso a) numeral 1, y la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 78. …

1…
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;
II.…

2… al 3…
4…

a)…

I…
II.…

b)…
c)…

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al treinta por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;
II. a la V.…

Artículo Cuarto. Se reforma el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 112. …

1.…
a)… al j)…

2.…

3. La retribución que reciban el consejero presidente y los consejeros electorales se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II de la Constitución.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local en lo que respecta al artículo segundo del proyecto de decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Atentamente,
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a 10 de noviembre de 2009.

Written by albertoserdan

18 enero 2010 at 14:19

Iniciativa del senador Torres que recupera demandas de ¡Ya Bájenle!

leave a comment »

Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra legislación electoral contempla un sistema de financiamiento a los partidos políticos mixto, es decir que reciben tanto fondos públicos como privados para financiar sus campañas electorales y para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinario. La reforma de 1996 mantuvo el sistema de financiación mixto y propuso la fórmula que esta vigente hasta ahora: 90% de los recurso que reciben los partidos sale de las arcas públicas.

En este esquema, para las pasadas elecciones de julio, se destinaron 3 mil 730 millones de pesos a la operación y campaña de los partidos que participaron, casi la misma cantidad de dinero que se destinará en el 2010 para la formación básica (3 mil 954 millones) y mucho mayor de la destinada para la media superior (750 millones de pesos).

Las elecciones, todos los gastos comprendidos, costaron 12 880 millones de pesos para que 77 millones 815 electores registrados pudieran votar; de ellos votaron más de 34 millones, es decir que casi el 50% de los inscritos en el padrón electoral decidieron no salir a votar o anular su voto: el abstencionismo se ubicó en 43.74% mientras que el voto nulo llegó a 6.04%.

Estas cifras deberían de preocuparnos y de llamarnos a la reflexión: nuestra democracia electoral cuesta mucho dinero y atrae poco. En efecto, en una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos.

Ya se han levantado voces en la sociedad civil que exigen que los partidos gasten menos y que el presupuesto que se les asigna, que sale de los bolsillos de los mexicanos sea menor. Atendiendo a este llamado, nuestro compañero el Senador José González Morfín presentó una iniciativa para reformar la fórmula del financiamiento a los partidos políticos y una reducción del 50% del mismo. El Senador González Morfín propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un 70 por ciento de financiamiento público y un 30 por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.

Nos parece que reformar esa fórmula no va a contribuir más que a la opacidad del acceso de los partidos políticos al financiamiento y a abonar a la inequidad. Mientras no se cambien los mecanismos bajo los que se asigna el presupuesto público de los partidos políticos, estos seguirán la tendencia que los aleja cada vez más de la ciudadanía.

Lo que nos parece importante reformar, es el mecanismo con el que se otorgan los recursos públicos a los partidos políticos. Actualmente la cifra que se les destina se calcula en base en la cantidad de electores inscritos en el padrón electoral y lo que proponemos es que se calcule en base los votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida.

Este cambio tendrá consecuencias en dos sentidos. Primero, hará el padrón electoral más confiable, pues no habrá interés en mantenerlo inflado para elevar los recursos públicos de los partidos. Un problema que actualmente se expresa en la diferencia que existe entre los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y los datos del Registro Federal de Electores, en relación a los mayores de 18 años que hay en nuestro país. CONAPO calcula alrededor de 70 millones y en el padrón hay más de 77 millones de electores inscritos. Es decir, hoy los partidos político reciben más de $250 millones de pesos que no deberían de recibir, incluso bajo la fórmula actual.

La segunda consecuencia, de aprobarse la presente iniciativa, sería sobre los incentivos que hoy tienen los partidos políticos para acercarse a la ciudadanía. Hoy reciben financiamiento público sin importar su capacidad para convencer a los votantes de ir a las urnas. El cambio que proponemos haría que los partidos redoblaran esfuerzos para acercarse al electorado al tomar en cuenta que la disponibilidad que tengan de recursos públicos dependerá de combatir el abstencionismo y no sólo orientar sus campañas a lo que se conoce como el “voto duro”.

Entonces, volviendo a las cifras que dábamos al inicio, en efecto el presupuesto destinado a los partidos políticos se reduciría considerablemente ya que se basaría en el 50.22% del padrón, es decir en los más de 34 millones de votos válidos que se emitieron y ya no en los más de 77 millones de electores inscritos en el padrón.

No perdamos de vista que a la democracia electoral la hace justamente el electorado, los ciudadanos que hoy desconfían profundamente del trabajo de los partidos políticos y de los representantes populares. Que ven en el financiamiento público un botín que sale de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y que se destina al beneficio de unos cuantos. De hecho según una encuesta publicada por periódico El Universal aparecida el 10 de noviembre pasado al 91% de los encuestados le parecería bien reducir el gasto de los partidos políticos.

Otra encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica el 12 de noviembre en la Zona Metropolitana del Distrito Federal muestra que el 33% de los encuestados consideran que reducir el presupuesto de los partidos políticos es aun más importante que “darle más dinero a la educación (30.2%) o el combate a la pobreza (29.6%).

Si los partidos políticos no somos capaces de atraer más que al 50.22% de los votos del electorado, entonces debemos de trabajar más y mejor para poder atraer al 49.78% restante. El dinero no es lo que atrae a más votantes, son las ideas, el debate y las propuestas. Se trata pues de hacer de los institutos políticos entidades públicas más dinámicas y competitivas.

De la misma manera consideramos que no es necesario que la fórmula y los montos del presupuesto público destinado a los partidos políticos esté definido a nivel constitucional. No hay ningún otra asignación de recursos establecida en nuestra Carta Magna, y por ello constituye un injustificado  privilegio que no gozan rubros tan importantes para la sociedad como salud y educación.

Las condiciones económicas que hoy sufre nuestro país, las están sufriendo todas y todos los mexicanos, no hay razón alguna para que los institutos políticos queden “blindados” constitucionalmente ante los vaivenes de la economía o la negociación presupuestal. Si queremos la confianza de las y los ciudadanos, entonces ganémonosla, tratándolos con el respeto que implica reconocernos unos a otros como iguales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Primero.- Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41.

I.  (…)
II. (…)

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo que disponga la ley.

a) Se deroga.

b) Se deroga.

c) Se deroga.

III. (…)

IV. (…)
V. (…)

VI. (…)

Segundo.- Se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 78.-

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida, en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;
(…)
(…)
(…)
(…)

2.
3.
4.
5.

Dado en el Senado de la República a los     días del mes de noviembre de 2009

—-

Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de la Junta de Coordinación Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado.

Written by albertoserdan

24 noviembre 2009 at 9:59