Esperanza Marchita

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Foro Ciudadano

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¿Qué le hace falta a la reforma política democracia?

27 de Febrero de 2010

En la Asamblea Nacional de Monterrey acordamos realizar foros ciudadanos sobre la reforma política para el 27 de febrero

En fechas recientes la SEGOB ha organizado algunos foros de diálogo con algunos ciudadanos, a ellos han asistido integrantes de la ANCA en el D.F. y ha habido acercamiento con Guadalajara para plantear abrir foro en colaboración

A continuación se incluye por cada CIUDAD la información necesaria para asistir y participar en el foro de manera presencial y por internet:

GUADALAJARA

10.00 a 14.00 hrs.

Museo Regional o Museo de la Ciudad

En Jalisco planteamos seguir adelante con nuestro foro ciudadano y después plantear lo de foros o acercamientos con SEGOB (aunque podríamos invitarlos a nuestro foro como un participante más). Esto por el siguiente motivo: antes de dialogar con SEGOB y defender el posicionamiento de ANCA ante la reforma, tenemos un principio más importante, que es buscar el diálogo abierto con la ciudadanía en general en torno a la reforma y más allá. Nos parece mala medida posicionar primero a la ANCA ante la reforma y apresurar el consenso que no tenemos en algunos puntos, que dialogar con más ciudadanos, académicos, activistas, sus reflexiones sobre la reforma y más allá (pues por lo demás, es sumamente insuficiente). Además, sería más rico que el posicionamiento de la ANCA fuera respaldado por más organizaciones civiles, nos daría mucha más fuerza y credibilidad.

Programa en Guadalajara:

Bloque uno: Qué significa que Calderón proponga una reforma política y qué opinas de su decálogo

(invitar 4 ponentes y 1 moderador)

Bloque dos: Qué le falta a la democracia:

(invitar 4 ponentes y 1 moderador)
La metodología: Para cada bloque: 4 ponentes de 15 minutos: 1 hora de ponencias. La segunda hora debate ciudadano con los asistentes y también generar debate virtual.

Por asuntos de logística, costos e interés del tema, no creemos necesario organizar un evento masivo, sino más bien un evento con calidad de intervenciones y abierto al público que esté interesado en a) enterarse de lo que es la reforma política o b) debatir, proponer, cuestionar la reforma política. Sería excelente si del foro se pueden sacar productos audiovisuales para compartir vía youtube.com o de manera escrita.

Dicho foro además tendrá el objetivo claro de vincular a la ANCA con otros grupos y hablar de la campaña Ya Bájenle y el aventón ciudadano.

MONTERREY

10:30 a 13:30 hrs.

Plaza La Luz. Platón Sánchez,  Zona Centro.
entre M.M. de Llano y Espinosa

Mapa: http://tinyurl.com/yjmr3kp

La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), capítulo Monterrey, tiene el honor de invitarte al foro de reflexión y debate “¿Qué le falta a la reforma política? ¡Democracia!” con el fin de discutir la propuesta de reforma política que presentó el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2009. Dado que la discusión de esta reforma se ha manejado sólo entre actores específicos del sistema político, el propósito del foro es llevar el debate hacia la ciudadanía en general.

La ANCA realizará otros foros ciudadanos para que ocurran de manera simultánea el 27 de febrero a partir de las 10:30am, en al menos cuatro ciudades: Monterrey, Puebla, Guadalajara y Distrito Federal.

Dinámica: Dos ponencias de 15 minutos para introducir el tema y a continuación al menos una hora de debate con el público presencial y virtual. Incribe tu participación en: ancamonterrey@gmail.com y, de preferencia, asiste al foro con tu ponencia redactada en no más de dos cuartillas, letra arial número 12. Las participaciones del público no deben pasar de los 5 minutos.

DISTRITO FEDERAL

11.00 hrs

Av. Reforma, camellón, frente al edificio de IMSS entre Toledo y Burdeos, Col. Cuauhtémoc, cerca de estaciones de Metro Chapultepec, Sevilla y al otro lado de la
Torre Mayor

Los ciudadanos que conformamos la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA), convocamos a otros ciudadanos a debatir la reforma política del país, pues creemos que nuestra voz es valiosa y debe ser tomada en cuenta. Participa en el Foro Ciudadano.

Se contemplan participaciones de 5 minutos por persona y se agradece traer preparada la intervención (por escrito sería útil).


Written by albertoserdan

26 febrero 2010 at 15:58

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Se acordaron de los ciudadanos

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Luis F. Aguilar

Reforma

10 de febrero de 2010

El llamado de última hora a los ciudadanos para que impulsen y respalden la reforma política puede ser el último recurso del gobierno federal para presionar a los partidos políticos a retomarla, discutirla legislativamente y votarla. Es paradójico que el gobierno convoque ahora a los ciudadanos a apropiarse de la reforma, cuando en diciembre nos cayó del cielo y la lanzó sin explicar y justificar sus razones. Los partidos eran el real interlocutor. El que la reforma haya sido tema de comunicación social más que de fina gestión política puede deberse a que el gobierno consideró que las innovaciones de la reforma poseían incentivos atrayentes para que los partidos las aprobaran o que se tenían razonablemente asegurados consensos básicos con los partidos (particularmente con el PRI), que después se deshicieron en medio de la polémica por las alianzas electorales.

El hecho es que el gobierno parece haberse quedado solo con su reforma, sin el apoyo de los partidos, razón por la cual ha decidido recurrir a nosotros para destrabarla, para prestigiarla y mandar a los partidos el mensaje de que los cambios institucionales nos importan porque contribuirían a que la democracia produzca los beneficios sociales que no logra producir atrapada en la telaraña de los partidos y porque nos brindarían la oportunidad de influir efectivamente en la política y no dejarla en manos de la llamada clase política.

El que el gobierno reconozca que los ciudadanos somos indispensables para la promoción de las reformas políticas y nos diga que es una reforma de índole ciudadana (candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, reelecciones…) es algo a valorarse, independientemente de que pudiera ser una maniobra para provecho político y electoral del gobierno. Lo que importa es que el gobierno (no así los partidos) ha finalmente descubierto a la ciudadanía, un pilar ignorado de sustentación del desempeño de la democracia, que para ser productiva económica y socialmente requiere de los poderes públicos y la administración pública, pero también de la ciudadanía, de sus organizaciones y prácticas cívicas y económicas. Debido a nuestra propensión estatista consideramos que la democracia funcionará perfectamente si dispone de instituciones que regulan apropiadamente la titularidad y operación de los gobernantes. En nuestra visión tradicional las instituciones políticas son necesarias y suficientes para que el gobierno democrático funcione. Todo es un asunto de la cúpula política. Los ciudadanos no valemos mucho, nuestras capacidades son escasas y somos más bien causa de los problemas que los dirigentes políticos resuelven supuestamente con sus leyes, políticas, programas y gasto, en cuya definición no tenemos nada que ver por ser ignorantes, incompetentes, desarticulados, oportunistas, pedigüeños, particularistas en nuestros intereses, infractores, irresponsables y violentos. La ciudadanía es objeto y destinataria de la política y es una tontería pensar que sea un pilar del buen desempeño de la democracia. Está hecha para ser gobernada, no para intervenir en la definición y realización de un proyecto de sociedad. Ciudad Juárez daría la razón a nuestro prejuicio.

Esta idea de la democracia, hiperinstitucionalista y monopolizada por los partidos, es unilateral y equivocada, pues no capta todas las condiciones que se requieren para que la democracia sea gobierno, resuelva problemas y cree futuro. Son numerosas las evidencias en países y regiones de países que muestran que las democracias tendrán niveles más altos de calidad y eficacia directiva, cuando además de poseer correctas instituciones políticas y una clase política decente e inteligente, existen redes de organizaciones económicas, civiles y cívicas voluntarias, que los ciudadanos han creado y que promueven la cooperación, la reciprocidad, la confianza, el sentido de pertenencia a la sociedad en que se vive y el compromiso con ella para que sea un espacio de bienestar y bienvivir. El interés público, el bien común, es una obra asociada de la jerarquía política y de las redes ciudadanas. Este tejido de vinculaciones sociales y compromiso cívico, el capital social, que es decisivo para que la economía nacional o regional se articule y así incremente sus niveles de productividad y competitividad, es también decisivo para que las leyes y políticas de un régimen democrático sean eficaces y resuelvan los problemas sociales crónicos, porque están respaldadas por la disposición de la mayoría social a obedecer las leyes, a responsabilizarse de sus problemas particulares y a formar organizaciones que se ocupan de los asuntos comunes clave para que la sociedad sea próspera y equitativa.

La fórmula democrática perdedora es la combinación de un gobierno incompetente y partidizado con una ciudadanía fragmentada e indiferente al destino de la vida en común. Me temo que la democracia que necesitamos requiere de reformas políticas y de una sociedad con compromiso cívico. Ambas condiciones se echan de menos.

Written by albertoserdan

10 febrero 2010 at 16:28

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Posicionamientos y acuerdos alcanzados en la IV Asamblea Nacional Ciudadana

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Por Alberto Serdán Rosales

Como saben, este fin de semana se llevó a cabo la Asamblea Nacional Ciudadana en Monterrey. Les comparto los posicionamientos y acuerdos a los que llegamos.

* Que se reduzca el financiamiento público a los partidos y que se modifique la fórmula de cálculo de los recursos, para que queden vinculados al número de votos válidos emitidos y no como ahora que se calcula con el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Exigimos que se apruebe en todos sus términos la iniciativa de Ley presentada en el Senado el 24 de noviembre de 2009.

* Además exigimos que los partidos políticos –y todas las entidades y asociaciones– que reciben recursos públicos sean sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y que se otorguen facultades al IFAI para actuar como órgano garante.

* Que la Constitución reconozca el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos y que se incluyan como mecanismos la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato las acciones colectivas, el derecho a la tutela, el reconocimiento de la contraloría ciudadana y el valor jurídico del voto nulo.

* Exigimos que puedan registrarse candidaturas ciudadanas independientes a los partidos y que los candidatos tengan acceso a medios. No recibirían recursos públicos previamente y podrían recibir reembolso a gastos una vez fiscalizados, si es que reciben una votación mínima, igual a la que se exige a los partidos políticos. Respecto de la propuesta de reforma política de Calderón:

* Sí a la reelección de legisladores y presidentes municipales SÍ Y SÓLO SÍ se quita fuero, hay transparencia y rendición de cuentas, revocación mandato, menos dinero a partidos. No hubo consenso sobre el número de periodos y se dejó pendiente.

* Que el derecho a la iniciativa legislativa ciudadana incluya como único requisito el contar con el apoyo del 0.05% del padrón y la obligación del Congreso por dictaminar y someter a votación la iniciativa antes de que pase seis meses de su presentación.

* Se rechaza la propuesta del incremento al umbral de 4% para el registro de los partidos.

* No se cuenta con un posicionamiento sobre la propuesta de reducción del Congreso, eliminación de plurinominales en el Senado, iniciativas de ley por parte del Poder Judicial, iniciativa preferente y veto parcial por carecer de elementos para una discusión informada. Ello se discutirá en espacios subsecuentes. Asimismo, la Asamblea Nacional Ciudadana llegó a los siguientes acuerdos:

* Durante el presente periodo de sesiones del Congreso (abril), la Asamblea Nacional Ciudadana impulsará con más fuerza la campaña “Ya Bájenle”, a través de una acción denominada “Aventón Ciudadano”, que consistirá en cruzar el territorio nacional mediante aventones que darán ciudadanos y ciudadanas voluntarias comunes de forma simultánea desde Cancún, Nuevo Laredo y Tijuana para concluir en el Distrito Federal. Esta acción permitirá, entre otras cosas, llamar la atención nacional sobre la importancia de aprobar la reforma constitucional para reducir el financiamiento a los partidos, de ligar el financiamiento de los partidos a la participación ciudadana en los procesos electorales y de instalar la importancia este tema, así como la necesidad de una austeridad gubernamental, en las agendas de las legislaturas locales.

* En virtud de que en México persiste la falta de mecanismos para la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre lo público, la Asamblea tomó el acuerdo de convocar a las y los ciudadanos a lanzar candidaturas independientes en sus procesos electorales locales, con el fin de seguir impulsando la necesidad de abrir los procesos políticos y el debate de las campañas a una mayoría de ciudadanos. Para tal fin nos proponemos ayudar a identificar el perfil ideal del candidato o candidata ciudadana independiente.

* La Asamblea Nacional Ciudadana se mantiene en la postura de que la anulación del voto es una última opción válida, legal y legítima cuando la o el elector no se sienta representado por las opciones que ofrecen los partidos.

* Ante la actual cerrazón del Senado, la última semana de febrero se realizarán foros ciudadanos simultáneos para discutir la reforma de Calderón.

* La V Asamblea se realizará el 8 y 9 de mayo en Puebla, Puebla.

* Finalmente, en cuanto a los temas de relevancia local, la Asamblea Nacional Ciudadana rechaza la construcción del nuevo estadio deportivo del Club Rayados en un espacio público con fuerte valor ambiental, como lo es el Bosque La Pastora. De la misma forma se manifiesta en contra de la construcción del Arco Vial Sureste dentro del área natural protegida Sierra Cerro de la Silla.

Written by albertoserdan

1 febrero 2010 at 19:59

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Reforma política desde ojos ciudadanos

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Un acercamiento a la reforma política del Ejecutivo desde la perspectiva ciudadana.
Alberto Serdán Rosales.
Propuesta Cívica, A.C.
30 de enero de 2010.

Quiero agradecer al Comité Anfitrión por la invitación que me hicieron para compartirles un breve resumen de la propuesta de Reforma Política presentada por el Ejecutivo, al tiempo de hacer unos comentarios que, me parece pertinente aclarar –especialmente a los presentes y a las amigas y amigos de los medios de comunicación, no reflejan el punto de vista de la Asamblea Nacional Ciudadana. Son, pues, reflexiones personales.

La propuesta de Reforma Política tiene claroscuros, omisiones, pero, hay que reconocerlo, representa una respuesta directa del gobierno en funciones al movimiento anulacionista. Así lo ha reconocido el mismo Secretario de Gobernación en diferentes espacios y, por lo tanto, es una propuesta que no puede ignorarse o rechazarse a priori. En cualquier caso, el hecho mismo de que grupos políticos se sientan comprometidos a responder ante nuestras exigencias, es una buena señal. Sin embargo nuestra tarea como movimiento está muy lejos de terminarse ante las necesidades que tiene el país y que en este espacio compartimos y conocemos a flor de piel.

Como saben, la propuesta del Ejecutivo gira en torno de nueve ejes: la reducción del Congreso Federal; el incremento del umbral de votación para mantener el registro de los partidos políticos; la segunda vuelta en la elección presidencial; la reelección de legisladores y gobernantes municipales; la capacidad al Poder Judicial para iniciar leyes; el establecimiento de la iniciativa preferente; la reconducción presupuestaria y la posibilidad del Ejecutivo para vetar leyes de manera parcial. Finalmente, también propone incluir las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes.

A continuación detallaré estas propuestas acompañadas de algunos apuntes.

1. Con el propósito de mejorar la negociación y la celebración de acuerdos, el Ejecutivo propone reducir el Congreso de la Unión en 100 diputados y 32 senadores. Esto implicaría que cada diputado representaría ahora a 90 mil ciudadanos más. ¿Es mucho o es poco? No se sabe. Lo cierto es que reducir la capacidad de representación no necesariamente son buenas noticias para la ciudadanía. También es cierto que no importa el número de legisladores, lo que importa es su calidad, su profesionalización y su capacidad para vincularse con sus representados.

Por su parte, la reforma en el Senado elimina la representación proporcional. De aplicarse la nueva fórmula propuesta por Calderón, hubiese aumentado la sobrerrepresentación del PAN: en 2006, con 34% de los votos, el PAN tuvo el 41% de los senadores; con la nueva fórmula, el PAN tendría el 43% de los senadores. La coalición encabezada por el PRD, con 30% de los votos en 2006, tuvo el 28% de los senadores; ahora tendría el 24% con la nueva fórmula. Esto último, son malas noticias para la representación proporcional de las fuerzas políticas.

2. Incremento al umbral del registro de los partidos. El Ejecutivo propone aumentar de 2 a 4 por ciento el porcentaje mínimo para mantener el registro de los partidos. Argumenta que México es uno de los países con el umbral más bajo y compara esta situación con varios países Latinoamericanos. Lo que no dice el Ejecutivo es que, por ejemplo, el 5 por ciento mínimo para Chile equivale a 360 mil ciudadanos; en México, el dos por ciento mínimo equivale a 836 mil; es decir, 2.3 veces más. ¿Es mucho o es poco? Tampoco se sabe, pero, nuevamente, en principio disminuir la pluralidad y la representación no parecen ser buenas noticias para la ciudadanía.

3. Segunda vuelta. En su propuesta el Ejecutivo propone la existencia de una segunda vuelta electoral cuando ningún candidato o candidata obtenga el 50 por ciento de las preferencias en una primera vuelta. Además, propone que la fecha de la elección de esta segunda vuelta se empalme con la elección legislativa. El propósito es informar mejor el voto de la ciudadanía y generar mayorías que permitan gobernar al Presidente. Datos empíricos de 28 países, compilados por el investigador Rafael Martínez de la Universidad de Barcelona, apuntan a que los sistemas políticos que cuentan con segunda vuelta tienen en promedio 3.6 partidos en el parlamento. No obstante, recomienda prudencia ya que en siete sistemas la tendencia en el mediano y largo plazos fue al bipartidismo. Bipartidismo o tripartidismo, lo cierto es que las segundas vueltas tienden a construir dos bloques mayoritarios que pueden ser artificiales. Acorde con las conclusiones de este investigador, los partidos pequeños tienden a perder representatividad pero ganan capacidad de negociación. Malas noticias para la representación, buenas noticias para el logro de acuerdos.

4. Quizá la propuesta más polémica es la reelección para legisladores federales y locales hasta cumplir periodos de 12 años. Desde el punto de vista ciudadano, quienes defienden la reelección señalan que tiene la ventaja de que el candidato opositor (o grupos de la sociedad civil opositores al candidato oficial) recordarán al electorado las promesas y su eventual incumplimiento por parte de éste eventual candidato, convirtiéndose en un mecanismo eficaz de rendición de cuentas: se contraponen los resultados de la gestión de quien está y quiere volverse a elegir, con las propuestas de cambio de quien quiere llegar por primera vez. Los críticos señalan que quienes están en el poder dispondrán de los recursos públicos para usarlos en su beneficio afectando la equidad de la contienda. Antídoto: transparencia y rendición de cuentas. Reelección sí y solo sí va acompañado de la revocación del mandato. Sí y sólo sí se da valor jurídico al voto nulo. Sí y sólo sí existen mecanismos para garantizar equidad en la contienda, como el acceso a medios. Entre mayores son los recursos a la disposición del candidato oficial, mayores los riesgos. Por ello reelección sí y sólo sí se queda en el nivel de los legisladores. No para Presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales donde la posibilidad de una contienda inequitativa es mucho mayor.

5. Veto parcial. El Ejecutivo propone que la ley reconozca la posibilidad de que el Presidente rechace parcialmente leyes aprobadas por el Congreso. Es una medida absurda. Como señala Diego Valadés, “Una posibilidad aún más inquietante, consiste en que no habría límites para que el Presidente vetara las obligaciones y promulgara sólo las facultades gubernamentales”. No obstante, en lo que toca al Presupuesto de Egresos de la Federación (y exclusivamente en este caso) el veto parcial puede ser una buena solución cuando ya es 1 o 2 de enero y sigue sin aprobarse el Presupuesto o éste es objetado por el Presidente. Aquí el veto parcial permitiría dar certeza al ejercicio del presupuesto, lo cual actualmente no ocurre si no se aprueba en tiempo y forma. No obstante, es fundamental que esta prórroga también tenga una fecha límite para que las observaciones no se superen hasta los últimos días del ejercicio del presupuesto en curso.

6. Una propuesta más es la capacidad del Poder Judicial para iniciar leyes que estén relacionadas con su administración y su ámbito de competencia. Quienes favorecen esta propuesta señalan que la reforma del Poder Judicial está entrampada porque este Poder está impedido para señalar sus necesidades y problemas y, a partir de ello, diseñar normatividades más cercanas a la realidad y por lo tanto que sean más eficaces. Quienes están en contra apuntan la contradicción que significaría ser juez y parte. Una salida a este conflicto es la posibilidad de que esta normatividad siempre sea aprobada con dos terceras partes o incluso la totalidad del Congreso para garantizar legitimidad y contrapesos eficaces a posibles abusos del Poder Judicial. Aquí la ciudadanía, como en el caso del veto parcial, poco tiene que ver pues se tratan de reformas para mejorar la capacidad de los poderes para gobernar.

7. El último de los mecanismos para optimizar la gobernabilidad es la iniciativa preferente y en ciertos casos con referéndum. El Ejecutivo propone que al inicio de cada periodo ordinario de sesiones éste pueda presentar dos iniciativas de Ley que el Legislativo debe aprobar o rechazar en tres meses. Si al término de los cuales el Legislativo no se pronuncia, entra en vigor automáticamente la iniciativa presidencial. A esto se le conoce como afirmativa ficta. Las leyes electorales, presupuestarias, fiscales y de seguridad nacional estarían excluidas de este mecanismo. Pero, ¿qué ocurre si el Presidente decide crear una Ley de Derechos Humanos? ¿tres meses son suficientes para discutir, incluir a la ciudadanía, escucharla e incorporar sus opiniones y aprobar la Ley por ambas cámaras? La iniciativa no lo contempla. A su vez, la propuesta señala que para reformas constitucionales, si el Legislativo no se pronuncia, debe celebrarse un referéndum para su aprobación (aquí no aplica la afirmativa ficta). Establece que como mínimo dos terceras partes del electorado deben aprobarla para que entre en vigor. Sin duda es importante que el Ejecutivo diga con claridad cuáles son sus preferencias. La afirmativa ficta no es la solución. En todo caso, el Legislativo tendría que explicar en un documento las razones en función de las cuales no discutirá la propuesta del Ejecutivo, en un ejercicio de rendición de cuentas, elevando el costo político del Legislativo.

Siete de las nueve propuestas tienen que ver con mecanismos para que el Ejecutivo tenga un contexto de gobernabilidad y acuerdos. De manera residual, también presenta dos iniciativas para mejorar la representación popular:

8. Candidaturas ciudadanas. Esta propuesta es una exigencia de la Asamblea Nacional Ciudadana. En la iniciativa el Ejecutivo plantea que tales candidaturas sean para todos los puestos de elección popular. No obstante, la propuesta señala que “los aspectos relativos a la regulación del financiamiento, acceso a medios, fiscalización de gastos y garantías exigidas a las candidaturas ciudadanas, se deberán establecer en la legislación secundaria”. Esta omisión es grave ya que provoca –como ha ocurrido- que las fuerzas políticas las rechacen en automático bajo argumentos falaces como “entrarían candidaturas del narcotráfico” (como si no hubieran entrado ya a través de los partidos) o “habría candidatos de los medios y poderes económicos” (como si no hubieran ya a través de los partidos). La indefinición de la propuesta presidencial nos obliga a concretar con claridad los candados que deben tener estas candidaturas para evitar abusos. Invito a que esto sea lo que se defina hoy en la Asamblea dentro de las mesas correspondientes de la tarde.

9. Finalmente, en su propuesta para establecer iniciativas ciudadanas el Ejecutivo omite dos aspectos fundamentales: tales iniciativas no contienen una suerte de “iniciativa preferente” para que sean atendidos por el Legislativo y tampoco está acompañados de mecanismos de referéndum y plebiscito para su aprobación. La propuesta del Ejecutivo establece que tales iniciativas pueden ser presentadas si agrupan a una décima de punto porcentual del padrón, es decir, 78 mil 264 ciudadanos. Un dato: la campaña de ¡Ya Bájenle! logró juntar 28 mil firmas exigiendo cambios legales para reducir el financiamiento público de los partidos. Son muchísimas pero a pesar de su utilidad pública y su notable carácter ciudadano, esta propuesta no podría presentarse como iniciativa de Ley en este contexto.

En suma, una reforma que busca mejorar la eficiencia y la celebración de acuerdos, necesariamente beneficia a los gobernantes pero debe aumentar con ello su responsabilidad política. Una reforma que busca mejorar la representación política, necesariamente beneficia a los gobernados y aumentará sus derechos. La primera, busca mejorar el government, la otra, el governance.

La propuesta del Ejecutivo tiende al objetivo de favorecer acuerdos. No es gratuita la sensación de grupos ciudadanos de que es sumamente insuficiente. No fue pensada en principio para mejorar la relación con los gobernados a partir del “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. Este equilibrio hoy por hoy está muy lejos de ser una realidad para la ciudadanía. Esta propuesta no parte del principio de mejorar la representación ciudadana.

Por su parte, las omisiones de la iniciativa son evidentes para nosotros: no están la reducción del financiamiento público a los partidos, su transparencia y rendición de cuentas; tampoco mecanismos de democracia directa como el plebiscito y referéndum ligados a la iniciativa ciudadana, revocación del mandato y el valor jurídico del voto nulo. Tampoco existe precisión sobre las modalidades y alcances de las candidaturas independientes; así como la prohibición de la renuncia a puestos de elección popular para evitar episodios lamentables e inaceptables como el de las “juanitas”. Por ello hacen falta reformas ciudadanas urgentes que incluyan estos aspectos, así como la efectiva realización de los derechos civiles, a la seguridad pública y al acceso a la justicia. Recuperar el terreno perdido ante la colonialización de los políticos en los organismos públicos autónomos, el fortalecimiento de la ciudadanía y su participación, así como la generación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos (tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales).

Como ciudadanía debemos hacernos cargo de vigilar lo logrado y aprovecharlo: hoy, en 19 estados de la República existen mecanismos de plebiscito, referéndum e iniciativas ciudadanas. Sus requisitos en muchos casos son inalcanzables para utilizarlos efectivamente, en otros, simplemente no los hemos aprovechado y tampoco los hemos puesto a prueba. Por ello debemos tener el compromiso de no sólo luchar por cambios políticos sino asumirlos y ejercerlos. Crear agendas locales de reforma, escuchar a la ciudadanía para lograr consensos sociales más fuertes, para tener más liderazgos locales y ciudadanos. Lograr la ciudadanía social.

Hoy, “exigir” al gobierno no es suficiente para que la democracia funcione. Se requiere de la construcción de una ciudadanía que además de exigir genere propuestas y participe activamente en los asuntos de interés público. El éxito de cualquier reforma política necesita de una ciudadanía fuerte que vigile al poder representativo y tenga las capacidades para hacer valer su voz y su opinión en las decisiones públicas.

En el reconocimiento de errores propios de la sociedad civil organizada (como el de creer que con la alternancia los gobiernos responderían a las agendas ciudadanas), existe una genuina preocupación para no dejar solos a los políticos sin una vigilancia estrecha y sin canales para una efectiva participación ciudadana.

No podemos darnos el lujo de dejarlos solos otra vez en sus discusiones y debates, de dejarlos solos en la discrecionalidad y opacidad de sus negociaciones y, por lo tanto, de las decisiones que nos afectan. Por eso, habrá grupos ciudadanos como la Asamblea Nacional Ciudadana que promoverán y exigirán procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes: los políticos no estarán solos, aunque no les guste.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartirles una última reflexión: por correo electrónico nuestra colega Connie Patiño nos contó cómo en Veracruz el gobierno emplea técnicas cavernarias para evitar que la gente conozca de las propuestas ciudadanas de la ANCA: amedrentamiento, amenazas de desalojo, confiscación de materiales de difusión. En otros espacios, hemos conocido recientemente de compañeras y compañeros que han perdido la vida en defensa de los derechos humanos. Desde Chihuahua hasta Chiapas y Guerrero. El camino es arduo pero no podemos, no debemos bajar los brazos. Es la hora de exigir, la hora de actuar.

Muchas gracias.

Written by albertoserdan

30 enero 2010 at 9:54

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Iniciativa del diputado Nava para reducir financiamiento a partidos

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Para seguir documentando el proceso que nos llevará a dismunir el financiamiento público a los partidos políticos en México a principios de 2010, a partir del impulso de la campaña “¡Ya bájenle! Menos dinero a los partidos”, presentamos la iniciativa del diputado César Nava (PAN), presentada el 9 de octubre de 2009.

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CÉSAR NAVA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Quien suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto decreto que reforma el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y el cuarto párrafo de la Base V del artículo 4,1 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 y, el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes.

En materia electoral, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se llevaron a cabo una serie de reformas que en su momento tuvieron como objetivo responder a los cambios que vivía el sistema político mexicano. En este tenor, las modificaciones buscaron generar paulatinamente un sistema de partidos competitivo, abierto y democrático. Tal es el caso de las Reformas de 1964, 1977, 1987, 1990 y 1993.

En 1996, la legislación electoral volvió a reformarse para introducir por primera vez una serie de conceptos inéditos en materia de financiamiento público para los partidos políticos. La reforma estableció una suma anual para cada uno de ellos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual en el año de la elección federal marcando límites en el financiamiento público y priorizándolo sobre el privado. De esta forma se buscó generar las condiciones necesarias para el desarrollo de un sistema multipartidista que fuera capaz de representar a todas y cada una de las expresiones ideológicas, políticas, sociales y culturales que existen en nuestro país.

Sin embargo, al paso del tiempo fue necesario hacer una valoración sobre los alcances de la reforma de 1996, como resultado de la reciente alternancia política y la apertura en el sistema de partidos.

El cambio de un sistema de partido hegemónico a un sistema multipartidista competitivo, generó una espiral creciente de gastos en materia electoral, los cuales buscaban garantizar la competencia justa y equitativa entre los actores involucrados, haciendo de la democracia mexicana una de las más caras del mundo. Es por ello que, gran parte de los argumentos que pedían modificaciones a la Ley, planteaban la necesidad de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña, así como fortalecer las atribuciones de las autoridades electorales.

En ese tenor y después de una serie de debates y discusiones en la materia, en el 2007 el Congreso de la Unión aprobó una nueva reforma constitucional sustentada en tres ejes primordiales:

1. La disminución en forma significativa en el gasto de las campañas electorales;

2. El fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales; y

3. El diseño de un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos políticos.

De estos ejes y en específico en lo que concierne al financiamiento de los partidos políticos, se derivaron propuestas medulares entre las que destaca el planteamiento de un nuevo método de cálculo para el financiamiento público de actividades ordinarias de los partidos políticos, la reducción del recurso público que se destina a las campañas electorales, y el establecimiento de límites menores para el financiamiento privado que pueden obtener los partidos.

En cuanto al recurso asignado para actividades de campañas electorales, la reforma establece que en el año de elecciones intermedias, cuando solamente se renueva la Cámara de Diputados, los partidos recibirán un 30% del monto del financiamiento ordinario que corresponda en el mismo año. En el año de las elecciones en que se renuevan de manera simultánea el Poder Ejecutivo Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año.

La nueva fórmula para determinar dicho financiamiento representó una dinámica mucho más simple y revestida de certeza jurídica, además que estableció parámetros específicos para la estimación del financiamiento público para cada partido. Como método para el cálculo mencionado se contemplan dos factores en específico: el 65 % del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal y el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, los cuales al ser multiplicados arrojan la cifra correspondiente.

De conformidad con diversos estudios en torno a los efectos de la citada reforma electoral, esta nueva fórmula representó un 7.83% de ahorro en el rubro de gasto en actividades ordinarias, en comparación a la formula que se aplicaba antes de la reforma electoral de 2007.

II. Objeto de la Iniciativa

La situación económica del país, afectada primordialmente por la crisis alimentaria mundial de 2007 y la crisis financiera global de 2008 y 2009, requiere el esfuerzo de todos para retomar el camino del desarrollo y para evitar que millones de mexicanos permanezcan en niveles de pobreza alimentaria, patrimonial o de capacidades o caigan en ella.

Si bien todos los mexicanos estamos obligados a contribuir en la medida de nuestra capacidad de ingreso y de gasto para el sostenimiento de los programas de combate a la pobreza, son los partidos políticos y las autoridades electorales, los primeros obligados a cuidar los recursos de todos los mexicanos con especial apego a los principios de austeridad y eficiencia, así como a establecer medidas de ahorro y eliminación de privilegios.

Es por ello que el Partido Acción Nacional propone disminuir el financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de los salarios de los consejeros electorales para lograr un ahorro considerable en este rubro, mismo que podrá destinarse al apoyo de las familias más necesitadas en materia de salud, educación, alimentación y, en general, combate a la pobreza.

Para lograr esta reducción, se pretende modificar la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo el porcentaje del 65 % al 35% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. De igual forma se propone eliminar el financiamiento local a los partidos políticos nacionales. Con ello se lograría la disminución de aproximadamente el 50% del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.

Es importante señalar que el objeto de esta iniciativa se centra en las actividades ordinarias que los partidos realizan independientemente de los procesos electorales. Tales actividades comprenden el sostenimiento de sus oficinas, el pago de los emolumentos del personal que trabaja para ellos, los gastos de transporte de sus dirigentes, la impresión y publicación de material propagandístico y todo lo que normalmente realiza un partido político en periodos no electorales.

Como parte de las modificaciones planteadas en esta iniciativa, en sintonía con el principio de austeridad y de ejercicio responsable de las finanzas públicas, se propone modificar el esquema de retribuciones de los Consejeros Electorales. El planteamiento busca modificar la fracción que establece que su salario será similar al de los Ministros, para establecer que la base para su determinación será lo estipulado en el artículo 127 fracción II constitucional, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración alguna mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

En lo que se refiere a la eliminación del financiamiento local, vale la pena señalar que de acuerdo a lo que se menciona en el párrafo anterior, los partidos políticos con registro nacional reciben recursos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 41 constitucional, sin embargo, una vez que éstos se acreditan como tales ante las autoridades electorales locales de cada entidad federativa, también reciben los recursos especificados en el artículo 116 fracción IV inciso g). En ambos casos pueden destinarse para los gastos ordinarios permanentes, por lo que se genera un doble financiamiento.

Se estima que en los años no electorales los partidos políticos reciben del Instituto Federal Electoral alrededor de 3 mil 100 millones de pesos, mientras que en año electoral la cifra aumenta a 4 mil 500 millones de pesos.

La suma de ambos conceptos que reciben los partidos políticos en las 32 entidades federativas equivale aproximadamente a mil 600 millones de pesos, esto quiere decir que, anualmente los partidos políticos únicamente para actividades ordinarias reciben 4 mil 700 millones de pesos.

Por otra parte, la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos nos exige demostrar que es posible buscar otras fuentes de financiamiento alternas a las públicas, siempre apegadas a la transparencia y fiscalización de los mismos, sin excepción.

Es por ello que, a la par de proponer la reducción del financiamiento público ordinario a la mitad, Acción Nacional propone la modificación de la fórmula constitucional que establece el porcentaje máximo de financiamiento público y financiamiento ordinario. Conforme al texto vigente, el financiamiento público representa el noventa por ciento de los ingresos del total de los ingresos anuales de los partidos políticos y éstos pueden recibir hasta un diez por ciento de donativos provenientes de sus simpatizantes y militantes.

En la presente iniciativa se propone reducir la carga que soportan los contribuyentes mexicanos para el sostenimiento de las actividades de los partidos y aumentar las posibilidades de recibir aportaciones de simpatizantes y militantes. De esta manera, los partidos estarían en condiciones de recibir el apoyo de aquellos mexicanos comprometidos con sus principios y programas, al tiempo de relevar a los ciudadanos mexicanos de contribuir a los gastos de todos los partidos políticos.

En esta lógica, se propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un setenta por ciento de financiamiento público y un treinta por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.

De aprobarse esta iniciativa, los partidos políticos estaríamos respondiendo a una clara demanda ciudadana. Es justo reconocer que los mexicanos esperan y exigen de sus representados acciones concretas para hacer de nuestra democracia un sistema en el que los privilegios y los costos excesivos no tengan cabida.

Los mexicanos esperan que dejemos de lado nuestras diferencias partidistas y que pongamos por encima de cualquier consideración el bien de todos, especialmente de quienes menos tienen.

Confiamos en que encontraremos en este Honorable Congreso de la Unión el espacio propicio para el diálogo y el acuerdo que propicien la reducción de la carga fiscal que representa para todos los mexicanos el sostenimiento de las actividades de los partidos políticos.

Por las razones expuestas anteriormente, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y el cuarto párrafo de la Base V del artículo 4,1 y el inciso g) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma la fracción I del inciso a) numeral 1, la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 y, el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero.- Se reforman el inciso a), el segundo párrafo del inciso c) de la Base II y, el cuarto párrafo de la Base V del artículo 41, para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I. …

II. …

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) …

c) …

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al treinta por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Base III… a la Base IV…

Base V. …

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II.

Base VI…

Artículo Segundo.- Se reforma el inciso g) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. …

I. …

a) …

b) …

II. …

III. …

IV. …

a) … al f) …

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes remanentes;

h) …

Artículo Tercero.- Se reforman la fracción I del inciso a) numeral 1, y la fracción I del inciso c) numeral 4 del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 78. …

1…

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

I. El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el treinta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;

II. …

2… al 3…

4…

a) …

I. …

II. …

b) …

c) …

I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al treinta por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior;

II. a la V. …

Artículo 4. Se reforma el numeral 3 del artículo 112 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 112. …

1. …

a) … al j)…

2. …

3. La retribución que reciban el consejero presidente y los consejeros electorales se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 127 fracción II de la Constitución.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán de adecuar su legislación local en lo que respecta al artículo segundo del proyecto de decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día ocho de octubre del año dos mil nueve.

Diputado José César Nava Vázquez (rúbrica)

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1 diciembre 2009 at 12:58

Exigen que “se les prenda el foco” a los diputados

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Mariana León Medina / El Universal / 13 de noviembre de 2009

Ciudadanos se manifiestan en demanda de que los partidos políticos reduzcan 57% sus prerrogativas

A manera de protesta, durante 24 horas hombres y mujeres pedalearon una bicicleta para exigir que los partidos políticos reduzcan en 57% su presupuesto anual.

La bicicleta se encontraba conectada a un generador eléctrico que encedía un foco sobre la cabeza de un maniquí, que representa a un diputado federal, para pedir “que se les prenda el foco a los diputados para que piensen por nosotros y no por sus intereses”, explicó Antonio Martínez Velázquez, uno de los organizadores.

En la víspera de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, organizaciones como Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) y Ciudadanos Libres, que promovieron el voto nulo en 2009, pusieron en marcha la campaña “¡Ya bájenle!”, la cual busca reducir el financiamiento público a los institutos políticos.

Antonio Martínez Velázquez aseguró que con la disminución de 57% a las prerrogativas de los partidos se tendría un ahorro de mil 700 millones de pesos.

El activista aseguró que en tiempos de crisis económica los ciudadanos no podemos permitir que los gobernantes y los partidos políticos gasten demás, sobre todo en un año que no es electoral.

“Ahora van a recibir 3 mil millones de pesos, sin embargo, le van a bajar a la educación cuando menos 30%, también a ciencia y tecnología y vamos a seguir manteniendo a la burocracia partidista”, criticó.

Andrés Lajous, de Ciudadanos Libres, dijo que el objetivo es llevar una luz de sensibilidad para que los partidos se aprieten el cinturón en esta época de crisis.

No les importa la crisis, denuncian

“Ellos están blindados (en su presupuesto) en la Constitución, sin importar las condiciones económicas del país, por eso les estamos diciendo: ¡Ya bájenle a su prerrogativas!”, aseguró Lajous, quien también participó en el movimiento twittero “internet necesario”, que pugnaba por la eliminación del impuesto a las telecomunicaciones.

“¡Ya bájenle!” presentó sus propuestas en una reunión que sostuvieron con integrantes de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Martínez “hay reacciones diversas entre los partidos; el PRI y PRD no están de acuerdo. El PAN presentó una iniciativa de ley, pero no cambia de fondo el déficit presupuestal”.

“Nuestra propuesta difiere y es mucho más atractiva, pues se ata el voto al financiamiento público. Obligaríamos a los partidos políticos a hacer campañas con argumentos y proyectos”, dijo el activista. (Con información de Alberto Morales)

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13 noviembre 2009 at 16:16

Propuestas para la reducción del financiamiento y la rendición de cuentas de los partidos políticos

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Ponencia presentada en el evento “DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA” organizado por la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1º de septiembre de 2009

Por Rogelio Gómez Hermosillo M.

1. El Problema: El costo del financiamiento a los partidos políticos es inaceptable

1.1 El costo de los partidos políticos en México es uno de los mayores del mundo

En México cada voto costó $224. En Brasil el costo es menos de $4, en Argentina poco más de $5, en Ecuador es poco más de $14, y en Colombia de $25. Incluso es casi el triple de los “más costosos” de América Latina, como Panamá con un costo de $68 y en República Dominicana que es el más caro y llega a $89 (datos de Jaime Sánchez Susarrey en Reforma, 29 de agosto de 2009).

1.2 El financiamiento federal a los partidos ha aumentado cada año:

1998

1,046.6

1999

1,312.4

2000

3,064.1

2001

2,250.7

2002

2,439.9

2003

4,829.1

2004

1,855.0

2005

2,013.2

2006

4,171.1

2007

2,704.1

2008

2,718.0

2009

3,633.1

Total

34,484.0

Fuente: IFE

En 2009, además hay que sumarle a los $3,600 millones, los recursos en especie estimados en casi 1,500  millones de pesos por los espacios de tiempos oficiales ocupados en los medios electrónicos. Los partidos manejaron $5,000 millones en 2009, solo del presupuesto federal.

1.3 El financiamiento a los partidos políticos es el único presupuesto garantizado en la Constitución

Aún en contexto de crisis de las finanzas públicas, como el actual, no se puede reducir. El presupuesto para educación o para salud no tienen esa condición.

2. Antecedentes y aspectos a cuidar: El financiamiento público fue parte de la reforma electoral para lograr equidad en 1995 y 1996

2.1 El financiamiento público a los partidos busca dar equidad a la contienda

Esto es un valor que debe preservarse.

2.2 El financiamiento público a los partidos busca alejar la dependencia y acuerdos nocivos con grandes intereses o dinero ilegal

Esto no se ha logrado del todo, por lo que se debe exigir una seria y rigurosa fiscalización.

2.3 La Ley establece topes al financiamiento privado

Hay un máximo de aportación por persona y además, establece que el monto total de recursos privados no puede ser superior al financiamiento público. Esto debe preservarse. Es incorrecto pretender desaparecer el financiamiento público y sustituirlo por recursos privados. Debe permanecer la primacía de los recursos públicos y el tope de aporte de una persona, así como las prohibiciones a aportaciones de empresas, asociaciones religiosas y personas físicas o morales del extranjero.

3. Las Propuestas: La Asamblea Nacional Ciudadana exige la reducción del financiamiento a los partidos

3.1 El monto es inaceptable, es inmoral y no ha dado eficacia y mejor calidad a nuestra democracia

Todos los estudios muestran el deterioro de la política y la proliferación de los escándalos asociados con el dinero en la política.

3.2 Se requiere una reforma constitucional para reducir el financiamiento de los partidos

Una reforma a la Constitución requiere el voto de 2/3 de ambas Cámaras y la aprobación de la mitad más uno de los Congresos Locales.

3.3 El cambio para reducir el financiamiento es viable con una nueva fórmula de cálculo

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 41, fracción II, inciso a que “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal.” Mediante esa fórmula, el próximo año, los partidos recibirán cerca de 3,000 millones de pesos.

El cambio para reducir el financiamiento se podría lograr si en lugar de la redacción anterior, se dijera que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número de votos válidos emitidos por algún partido  político o coalición en la elección federal previa por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal”. Con esta nueva fórmula, el próximo año los partidos recibirían alrededor de 1,700 millones de pesos.

Esta reducción además tendría el efecto de generar incentivos en los partidos para reducir el abstencionismo y convencer a quienes anularon su voto. (Esta nueva fórmula le da valor económico y político al voto nulo).

4. Otra propuesta: Los partidos deben ser transparentes en el manejo de los recursos y rendir cuentas

4.1 Los partidos políticos deben ser sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Además se requiere dotar al IFAI con atribuciones como órgano garante para obligar a los partidos a cumplir la Ley. Esta reforma se complementaría otorgando la autonomía constitucional del IFAI y su atribución sobre los 3 poderes, los órganos autónomos y los partidos políticos.

4.2 Para fortalecer la fiscalización hay que dar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, nombrar contralores internos y fortalecer la fiscalización del IFE

La ASF debería realizar auditorías anuales a los recursos públicos administrados por los partidos. Además los partidos deben nombrar un Contralor a partir de ternas propuestas por organismos profesionales y ciudadanos. Es importante que el IFE mantenga y fortalezca sus atribuciones de fiscalización.  Por otra parte, el exceso en gastos de campaña  debe ser causal de nulidad de la elección.

5. Una propuesta complementaria: Se deben eliminar o reducir los recursos asignados por otras fuentes a los partidos políticos

De manera complementaria se deben eliminar las partida de “acción política” y las bolsas de recursos para las fracciones parlamentarias tanto en el Congreso de la Unión como en los Congresos estatales; así como las partidas de supervisión del padrón y cualquier otra que implique transferencia de recursos a los partidos.

La legislación electoral en cada entidad debe modificarse para también reducir el financiamiento estatal a los partidos políticos y vincularlo a los “votos válidos emitidos por partidos políticos”.

6. Una sugerencia más: Priorizar la Iniciativa Legislativa “Popular” o Ciudadana como una de las formas urgentes de participación ciudadana en la vida pública

Si se logra una reforma para reconocer el derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas legislativas, estas propuestas podrían ser presentadas de manera directa y formal por las organizaciones sus ciudadanas para su discusión en el Poder Legislativo, contando con un plazo perentorio para su dictamen y votación.

7. Una nota relevante: La reducción del tamaño de las Cámaras es viable y debe ser lograda antes de la elección de 2012, por lo cual debe analizarse detenidamente

No es recomendable por ningún motivo eliminar la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Eso sería un retroceso para el país y un regreso a pretensiones de uniformidad y fortalecimiento de los monopolios políticos.

Los diputados de representación proporcional pueden fortalecer la representatividad y la pluralidad política, abriendo posibilidades de mejorar la democracia representativa, sobretodo si surgen entre candidatos que hacen campaña distrital.

El número de diputados de representación proporcional podría quedar “abierto”, dejando como mínimo un número suficiente para que todos los partidos tengan el número de diputados equivalente a su votación. El número aproximado podrían ser 400.

La reducción de los Senadores podría hacerse eliminando la “lista” dado que modificó el sentido representativo de las entidades federativas en el Senado, para quedar en 96.

Written by albertoserdan

14 septiembre 2009 at 11:55

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