Se acordaron de los ciudadanos

Luis F. Aguilar

Reforma

10 de febrero de 2010

El llamado de última hora a los ciudadanos para que impulsen y respalden la reforma política puede ser el último recurso del gobierno federal para presionar a los partidos políticos a retomarla, discutirla legislativamente y votarla. Es paradójico que el gobierno convoque ahora a los ciudadanos a apropiarse de la reforma, cuando en diciembre nos cayó del cielo y la lanzó sin explicar y justificar sus razones. Los partidos eran el real interlocutor. El que la reforma haya sido tema de comunicación social más que de fina gestión política puede deberse a que el gobierno consideró que las innovaciones de la reforma poseían incentivos atrayentes para que los partidos las aprobaran o que se tenían razonablemente asegurados consensos básicos con los partidos (particularmente con el PRI), que después se deshicieron en medio de la polémica por las alianzas electorales.

El hecho es que el gobierno parece haberse quedado solo con su reforma, sin el apoyo de los partidos, razón por la cual ha decidido recurrir a nosotros para destrabarla, para prestigiarla y mandar a los partidos el mensaje de que los cambios institucionales nos importan porque contribuirían a que la democracia produzca los beneficios sociales que no logra producir atrapada en la telaraña de los partidos y porque nos brindarían la oportunidad de influir efectivamente en la política y no dejarla en manos de la llamada clase política.

El que el gobierno reconozca que los ciudadanos somos indispensables para la promoción de las reformas políticas y nos diga que es una reforma de índole ciudadana (candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, reelecciones…) es algo a valorarse, independientemente de que pudiera ser una maniobra para provecho político y electoral del gobierno. Lo que importa es que el gobierno (no así los partidos) ha finalmente descubierto a la ciudadanía, un pilar ignorado de sustentación del desempeño de la democracia, que para ser productiva económica y socialmente requiere de los poderes públicos y la administración pública, pero también de la ciudadanía, de sus organizaciones y prácticas cívicas y económicas. Debido a nuestra propensión estatista consideramos que la democracia funcionará perfectamente si dispone de instituciones que regulan apropiadamente la titularidad y operación de los gobernantes. En nuestra visión tradicional las instituciones políticas son necesarias y suficientes para que el gobierno democrático funcione. Todo es un asunto de la cúpula política. Los ciudadanos no valemos mucho, nuestras capacidades son escasas y somos más bien causa de los problemas que los dirigentes políticos resuelven supuestamente con sus leyes, políticas, programas y gasto, en cuya definición no tenemos nada que ver por ser ignorantes, incompetentes, desarticulados, oportunistas, pedigüeños, particularistas en nuestros intereses, infractores, irresponsables y violentos. La ciudadanía es objeto y destinataria de la política y es una tontería pensar que sea un pilar del buen desempeño de la democracia. Está hecha para ser gobernada, no para intervenir en la definición y realización de un proyecto de sociedad. Ciudad Juárez daría la razón a nuestro prejuicio.

Esta idea de la democracia, hiperinstitucionalista y monopolizada por los partidos, es unilateral y equivocada, pues no capta todas las condiciones que se requieren para que la democracia sea gobierno, resuelva problemas y cree futuro. Son numerosas las evidencias en países y regiones de países que muestran que las democracias tendrán niveles más altos de calidad y eficacia directiva, cuando además de poseer correctas instituciones políticas y una clase política decente e inteligente, existen redes de organizaciones económicas, civiles y cívicas voluntarias, que los ciudadanos han creado y que promueven la cooperación, la reciprocidad, la confianza, el sentido de pertenencia a la sociedad en que se vive y el compromiso con ella para que sea un espacio de bienestar y bienvivir. El interés público, el bien común, es una obra asociada de la jerarquía política y de las redes ciudadanas. Este tejido de vinculaciones sociales y compromiso cívico, el capital social, que es decisivo para que la economía nacional o regional se articule y así incremente sus niveles de productividad y competitividad, es también decisivo para que las leyes y políticas de un régimen democrático sean eficaces y resuelvan los problemas sociales crónicos, porque están respaldadas por la disposición de la mayoría social a obedecer las leyes, a responsabilizarse de sus problemas particulares y a formar organizaciones que se ocupan de los asuntos comunes clave para que la sociedad sea próspera y equitativa.

La fórmula democrática perdedora es la combinación de un gobierno incompetente y partidizado con una ciudadanía fragmentada e indiferente al destino de la vida en común. Me temo que la democracia que necesitamos requiere de reformas políticas y de una sociedad con compromiso cívico. Ambas condiciones se echan de menos.